Ministerio de Cultura concluye Consulta Previa en Vilcas Huamán – Ayacucho

Ciudadanas y ciudadanos de Villa de los Incas – INTIWUATANA, Pomacocha y Anexo Qulqaraqay, junto a funcionarios del Ministerio de Cultura, a través de la Direcciones de Catastro y Saneamiento Físico Legal, Consulta Previa, Monumentos y el Proyecto Qhapaq Ñan, se reunieron en el distrito de Vischongo, en Vilcas Huamán, en la región Ayacucho, para dialogar sobre las peticiones realizadas por las comunidades.

Estos pedidos fueron recogidas en sus asambleas comunales y alcanzadas al Ministerio de Cultura, a través de sus representantes.

En un ambiente de camaradería, luego de largas horas de reunión, se llegaron a acuerdos donde los ciudadanos y ciudadanas, pudieron conocer los tecnicismos y normativas con las que el ministerio trabaja y que procuran la protección al patrimonio arqueológico, que emerge y subyace en sus comunidades y que es de todos los peruanos.

De esta manera concluye la consulta previa, quedando pendiente la inscripción registral de los tres polígonos: Intiwuatana-Qullqaraqay, Runayupana Sector 1 y 2; y Qillaycancha. Así como la elaboración de un plan de gestión de los usos tradicionales, el cual estará a cargo de las dependencias del ministerio y que será trabajado de manera participativa con las comunidades asociadas, para vigilar que estos usos tradicionales se sigan desarrollando. Esto porque es un derecho legítimo de las comunidades ahí asentadas, pero también la obligación de que estas se realicen con cuidado, para no dañar el patrimonio arqueológico.

Por otra parte, existen acuerdos, plazos y responsabilidades sobre las obligaciones de parte del Ministerio de Cultura, en cuanto a la gestión de proyectos de puesta en valor y conservación del Qhapaq Ñan y de los sitios arqueológicos asociados, entre otros.

Este proceso de consulta es la primera experiencia para la declaratoria de patrimonio arqueológico y tuvo como finalidad que el Estado peruano pueda ejercer su derecho de ente rector del patrimonio arqueológico edificado, respetando el derecho colectivo de los pueblos indígenas a ser consultados, pues las medidas legislativas o administrativas podrían afectar directamente sus derechos colectivos.