Ministerio de Cultura promovió espacio de diálogo con consultoras ambientales certificadas por el MINEM sobre el derecho a la consulta previa y la identificación de pueblos indígenas u originarios en el marco de los procesos de consulta previa

El Ministerio de Cultura con el apoyo de la Cooperación Alemana, implementada por la GIZ, a través del proyecto "Promoviendo la implementación del derecho a la consulta previsa" desarrolló un espacio de diálogo con las consultoras ambientales  certificadas por el Ministerio de Energía y Minas, con la finalidad de informar sobre el derecho  a la consulta previa y la importancia de la etapa de identificación de pueblos indígenas u originarios.   Durante la reunión, Identificación de Pueblos Indígenas en el marco de los Procesos de Consulta Previa, la Viceministra de Interculturalidad Patricia Balbuena reconoció los avances concretos que se han dado en este tema, como los 23 procesos de consulta previa realizados en distintos sectores, tales como minería, hidrocarburos e infraestructura. Asimismo, planteó además el debate en torno a los retos y desafíos que persisten, como aquellos que corresponden a la etapa de identificación de pueblos indígenas.    Por su parte La Directora de Consulta Previa,  Angela Acevedo,  comentó sobre los objetivos y alcances de este derecho, diferenciándolo de los procesos de participación ciudadana refiriéndose a que la consulta previa es un derecho exclusivo de los pueblos indígenas, que se  basa en un diálogo intercultural y no solo en un proceso informativo.   Con este evento, el Ministerio de Cultura  reafirma su compromiso de trabajar conjuntamente con todos los actores sociales con la finalidad de garantizar el respeto de los derechos de los pueblos indígenas y al proceso de consulta previa, relacionados a la gestión de proyectos de inversión en los sectores energía y minas.    Se debe recordar que la sexta disposición complementaria del Reglamento de la Ley Nº 29785, establece que los instrumentos de gestión ambiental deberán incluir información sobre la posible afectación de los derechos colectivos de los pueblos indígenas que pudiera ser  generada por el desarrollo de un proyecto de inversión.