Ministerio de Cultura y Poder Judicial suscriben convenio para la implementación de enfoque cultural en el servicio de justicia

La ministra de Cultura Diana Alvarez-Calderón y el presidente del Poder Judicial, Víctor Ticona, suscribieron el Convenio Específico N° 003 para la Implementación del enfoque de pertinencia cultural y eliminación de toda forma de discriminación en el Servicio Público de Justicia. Este acuerdo se basa en el Convenio Marco suscrito entre el Poder Judicial y el Ministerio de Cultura en julio de 2013.   El convenio tiene como objetivo diseñar y ejecutar estrategias orientadas a la incorporación de la pertinencia cultural y la eliminación de toda forma de discriminación racial. Su suscripción implica la realización de actividades como la capacitación de los diferentes operadores del sistema de justicia y la elaboración del Registro Especial Nacional de Intérpretes y Traductores de Lenguas Indígenas u Originarias del Poder Judicial.    Durante la ceremonia, Álvarez-Calderón, reconoció el trabajo que realiza el Poder Judicial en materia de justicia intercultural e informó sobre la subvención otorgada al  Ministerio de Cultura por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) para el fortalecimiento de capacidades sobre consulta previa a magistrados de las Cortes Superiores de Justicia.   Por su parte, el presidente del Poder Judicial, Víctor Ticona, reconoció la importancia del enfoque intercultural como un elemento clave para el acceso a la justicia. En tal sentido, señaló que la institución que dirige está haciendo esfuerzos para contar con más jueces que hablen lenguas indígenas.   La elaboración del Convenio Específico es producto del trabajo conjunto y coordinado entre la Dirección General de Derechos de los Pueblos Indígenas del Ministerio de Cultura, encargada de la supervisión y evaluación del cumplimiento de las políticas nacionales en materia de pueblos indígenas; y la Oficina Nacional de Justicia de Paz y Justicia Indígena (ONAJUP) del Poder Judicial, a cargo de acciones de fortalecimiento y consolidación de la Justicia de Paz y de la coordinación entre la justicia ordinaria y la justicia especial en el Perú.