Ministerio de Cultura realza la importancia histórica de la emisión de la primera resolución redactada en una lengua indígena

El pasado 13 de Marzo en la ciudad de Puno, fue emitida la primera resolución redactada en una lengua indígena, 40 años después de ser declarados el quechua y el aimara lenguas oficiales en Perú en 1975.    Para la viceministra de Interculturalidad, Patricia Balbuena, la sentencia en aimara es sumamente significativa porque no sólo demuestra el trabajo que viene realizando el Estado, desde sus tres poderes, en relación al respeto de los derechos colectivos de la población hablante de una lengua originaria; sino también desde el proceso de garantizar un acceso equitativo a los servicios públicos.   ?La lengua es el medio por el cual nos comunicamos y entendemos, lo que uno escucha o dice en su lengua materna, es decir, es la lengua que aprendió a hablar primero, hará que uno pueda dialogar mejor, y ese es el objetivo de este gobierno. No debemos olvidar que uno de cada siete peruanos aprendió a hablar en alguna de las 47 lenguas originarias, siendo el quechua la mayoritaria con un 12% de la población (Censo del 2007)?, añadió.   Por su parte, Vicente Alanoca Arocutipa, intérprete y traductor gracias a la capacitación del Ministerio de Cultura y quién participó del proceso de sentencia, propuso incluir el tema de las lenguas antes, durante y después de cada proceso judicial, y poco a poco ir institucionalizando esta práctica, que instaura el respeto por la lengua aimara y cualquier otra lengua originaria.   En tal sentido, el Ministerio de Cultura felicita al Poder Judicial, en particular al Juzgado Penal Unipersonal de El Collao y al juez Julio Cesar Chucuya Zaga, por tomar la iniciativa y usar la lengua local para comunicar la sentencia a personas que hablan aimara.    Finalmente, como parte de la labor de promover la interculturalidad, el Viceministerio seguirá trabajando para que los servicios públicos se impartan en la lengua originaria de la población que está siendo atendida y se trabajará coordinadamente con el Poder Judicial y la Oficina Nacional de Justicia de Paz y Justicia Indígena (ONAJUP), en el marco del convenio que se tiene con estas entidades, intentando que otras instituciones públicas se aúnen en la construcción de una inclusión social que respeta la cultura y los derechos de todos los peruanos por igual.