Expertos precisan: Víctimas de discriminación tienen gran dificultad para probar dichos actos

Nota de prensa
Con la finalidad de identificar algunos puntos en el problema de interpretación y aplicación de la discriminación como delito establecido en el artículo 323° del Código Penal, la Dirección de Diversidad Cultural y Eliminación de la Discriminación Racial ?órgano de línea del Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de Cultura-, realizó el viernes 20 de setiembre una reunión de trabajo con abogados especialistas en el tema.

23 de setiembre de 2013 - 12:00 a. m.

En la cita, la viceministra de Interculturalidad, Patricia Balbuena, agradeció la participación de los asistentes y puso en consideración la importancia de mejorar los instrumentos legales para promover una acción efectiva en la lucha contra la discriminación y garantizar plenamente el derecho a no ser discriminado.
Los expertos en discriminación y derechos humanos procedieron de entidades como INDECOPI, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo. Todos coincidieron en que a partir de la coordinación de las instituciones que componen el sistema de justicia, debe promoverse y uniformizar criterios comunes de interpretación de las normas.
Asimismo, advirtieron que el reproche de las conductas que tienen trasfondo discriminador y racista debe reforzarse en el marco de una reacción pública contundente, de parte de las instituciones competentes que deben investigar y sancionar el hecho según el ámbito de la ocurrencia.
Una de las conclusiones a las que se llegó, y que generó consenso en la reunión de trabajo, se refiere a la dificultad que existe para probar el acto de discriminación para las víctimas en procesos judiciales o administrativos. Por ello, resulta necesario implementar y fortalecer otras medidas y/o dispositivos que faciliten la tramitación de las denuncias y cumplan con garantizar el derecho de los ciudadanos.
Otros aspectos importantes del trabajo fue el consenso de los especialistas en considerar la denuncia penal como último recurso para obtener una sanción, y el mejoramiento en la formulación e interpretación del tipo penal, que no pasa necesariamente por su modificación mediante una nueva ley, sino por explorar la unificación de criterios de interpretación a través de la jurisprudencia existente.