Ministerio Cultura lucha contra la invasión de Cerro Tinaja en Puente Piedra

Nota de prensa
El Ministerio de Cultura, a través de la Dirección General de Defensa de Patrimonio, viene trabajando incansablemente para evitar la depredación de las zonas arqueológicas e impedir se conviertan en la presa de la ambición de los traficantes de terrenos, destruyendo el legado histórico y cultural en diversas partes del Perú.

27 de noviembre de 2013 - 12:00 a. m.

Esa es la situación del sitio arqueológico denominado Cerro Tinaja, ubicado en la urbanización Jardines de Shangrilá, en el distrito limeño de Puente Piedra, que en agosto del presente año el Ministerio de Cultura, fue alertado por los vecinos sobre la presencia de extrañas en el sitio arqueológico, realizando mediciones y marcando lotes en el lugar. Cabe indicar que en marzo del año 2010 Cerro Tinaja fue identificado por el ex Instituto Nacional de Cultura, hoy Ministerio de Cultura, y se reconoce su carácter de Monumento Arqueológico Prehispánico. Pero desconociendo estos hechos, el 26 de octubre de este año se produjo el primer intento de invasión del sitio, el cual fue repelido por los vecinos, que se comunicaron con el Ministerio de Cultura para pedir apoyo.  Dos días más tarde los invasores insistieron y empezaron a acumular materiales de construcción e iniciaron el armado de estructuras precarias con esteras y palos. Al día siguiente, 29 de octubre, se apersonó un equipo de la Dirección General de Defensa del Patrimonio del Ministerio de Cultura, solicitando apoyo de la 1ra Fiscalía Provincial Penal de Puente Piedra, así como de los efectivos policiales de la Comisaría de La Ensenada. Pero el Ministerio de Cultura no pudo conseguir el retiro de las estructuras precarias, pues la  policía se negó a actuar sin el visto bueno del fiscal Dr. Oscar Temple quien sostuvo la consumación de la invasión, sin considerar las intenciones previas de la invasión, y sin tomar acciones para la preservación de los restos arqueológicos. La Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural ofició ese mismo día a la Municipalidad de Puente Piedra, solicitando no emitir ninguna constancia de posesión sobre el mismo, informándoles del carácter arqueológico del sitio. También se remitió un oficio de igual tenor a la Comisaría de la Ensenada, solicitando además que se efectuara un patrullaje preventivo y continuo a la zona para impedir el avance de la invasión. Pero hasta el momento pareciera que no se han tomado acciones efectivas, pues los días siguientes continuaron las denuncias respecto al avance paulatino de la invasión. Por si fuera poco el atentado perpetrado, el día 15 de noviembre el Ministerio de Cultura fue notificado de la remoción de tierra en el sitio con maquinaria pesada, por lo cual acudieron al lugar una arqueóloga de la Dirección de Control y Supervisión,  junto con un abogado de la Procuraduría Pública del Ministerio de Cultura. Para ello se solicitó el apoyo de la Fiscalía de Prevención de Puente Piedra y de la Comisaría de la Ensenada. Allí se  constató una extensa excavación y remoción dentro del área arqueológica. Al hallar nuevas estructuras, se pidió su retiro; nuevamente el fiscal mantuvo su negativa a actuar para evitar la destrucción del sitio. Toda la información recogida se ha pasado a la Procuraduría Publica del Ministerio de Cultura. Se ha oficiado asimismo a COFOPRI, dado que el Ministerio de Cultura fue informado que personal de esa dependencia estuvo efectuando mediciones para entregar constancias de posesión.  Denuncia Penal El Ministerio de Cultura emitió un informe indicando la afectación al sitio y sindicando como presuntos responsables a la Asociación de Vivienda ?Las Lomas de Shangrila?, que alega propiedad sobre el terreno; así como al señor Wilson Franz Jiménez Farfán, representante de la citada Asociación. Días más tarde se pudo identificar otra presunta infractora, la vendedora de los ?lotes? dentro del área arqueológica, en la persona de Elena Arias Alván. Asimismo, la Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural cuenta con un listado de aproximadamente 38 presuntos infractores, todos los cuales serán objeto de acción administrativa y penal.