Ministra de Cultura: trabajamos para detectar y sancionar a tiempo cualquier acto irregular en los procesos de contratación

La ministra de Cultura, Patricia Balbuena, ratificó que se continuará trabajando para reforzar los filtros que permitan detectar y sancionar a tiempo cualquier acto irregular en los procesos y procedimientos de contratación.

Sobre el proceso de Adjudicación Simplificada N° 034-2018/MC, el cual fue anulado al detectarse irregularidades, la ministra señaló que se está “trabajando para que no quede ninguna de las personas vinculadas en este hecho. Hemos separado al viceministro, al director general de Patrimonio Arqueológico, a su asesora, y a las cuatro personas del comité de selección. Estamos siguiendo la línea de todas las personas involucradas”.

A la vez, la ministra informó que se ha creado una Comisión Reorganizadora que tiene entre sus funciones evaluar las contrataciones, bajo cualquier modalidad, a cargo de la Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble, con énfasis en la gestión de los recursos públicos.

La titular del sector dio cuenta de la reunión realizada ayer con el procurador anticorrupción, Amado Enco, a fin de evaluar las acciones legales pertinentes en los procesos de contrataciones del sector, y poner a su disposición los expedientes con toda la información relacionada a las adjudicaciones simplificadas sobre los estudios arqueológicos. También reveló que el jueves último se solicitó la instalación del Órgano de Control Institucional para investigar este proceso y otros similares.

“Mi responsabilidad es resolver los problemas que pueda encontrar en el Ministerio de Cultura. Detectaremos y sancionaremos hasta que no quede ninguno de los responsables. Estoy en el cargo para dar la cara”, reiteró la titular de Cultura.

El Ministerio de Cultura ratifica su compromiso de Tolerancia Cero ante cualquier irregularidad o acto de corrupción que afecte la lucha impulsada por este Gobierno contra este flagelo y lamenta el accionar de algunos funcionarios que vulneran el principio de legalidad y ética, obligación básica de todo servidor público.