Sentencia histórica: Empresarios madereros condenados a 28 años por homicidio de líderes indígenas en Ucayali

La Corte Superior de Justicia de Ucayali, a través del Juzgado Penal Colegiado, condenó a 28 años y 3 meses de pena privativa de libertad efectiva a los empresarios madereros Hugo Soria Flores y José Estrada Huayta como autores mediatos de homicidio calificado, y a los hermanos Josimar y Segundo Atachi Félix como sus coautores, en agravio de cuatro líderes indígenas de la comunidad nativa Alto Tamaya – Saweto, identificados como Edwin Chota Valera, Jorge Ríos Pérez, Francisco Pinedo Ramírez y Leoncio Quintisima Meléndez.

El colegiado, integrado por los jueces Dra. Ana Bedoya Maque, Dilmer Meza Conislla y Celinda Pizán Ugarte, también impuso el pago de S/ 200 000 por concepto de reparación civil en favor de los deudos (S/ 50 000 para cada uno). En relación al imputado Eurico Mapes Gómez, los magistrados reservaron su juzgamiento hasta que sea habido y puesto a disposición por la autoridad competente, debiendo renovar las órdenes de ubicación y captura en su contra en el ámbito nacional y tramitarse la misma medida en el ámbito internacional.

Hasta que la decisión no quede confirmada en segunda instancia, en caso las partes apelaran, los procesados deberán regirse bajo reglas de conducta, como registrar su firma en esta casa judicial, permanecer en su lugar de residencia, presentarse al llamado de la justicia mientras continúa el proceso, no tener contacto alguno con la sucesión de los agraviados y pagar la reparación civil.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana Ysa, saludó la decisión tomada por el juzgado, y además felicitó la predisposición de la Corte de Ucayali con el tratamiento célere y oportuno que le dio al caso; además, accedió a la contratación de un intérprete para las víctimas. “Felicitar a la justicia peruana, al Juzgado de Coronel Portillo porque dio una sentencia valiente, honesta y oportuna. Como ustedes saben esto es un hecho emblemático que ocurrió en Saweto donde asesinaron a cuatro líderes ashéninkas”, refirió.

Por su parte el viceministro de Interculturalidad del Ministerio de Cultura, José Carlos Rivadeneyra, felicitó a la Corte por las facilidades que brindó para el correcto desarrollo del juicio oral. “Acompañaron a lo largo del proceso interpretes en asháninka y ashéninka, garantizando así que el proceso se lleve en el marco y la gestión de la justicia intercultural”, precisó.

En relación a la sentencia, el apu Miguel Guimaraes Vásquez, vicepresidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana dijo: “Es una sentencia favorable para las viudas que van más de 10 años buscando justicia, por eso nosotros agradecemos a la justicia peruana y también a los aliados (…) queremos mencionar que la segunda instancia pueda ratificar este fallo”.

Jamer López Agustín, presidente de la Organización Regional AIDESEP Ucayali-ORAU, del mismo modo celebró los avances logrados tras años de lucha, esperando que el Estado peruano siga la misma línea en relación a los casos judiciales registrados por el asesinato líderes indígenas en todo el país.

“Después de una década de lucha, incidencia, la justicia peruana dio un buen paso. Estamos contentos con la sentencia, pero también un poco preocupados porque creemos que la otra parte va apelar. Desde ya exigimos a las autoridades judiciales que esta posición tomada por la primera instancia se ratifique. Nosotros propusimos la presencia de un intérprete que nos apoyó en el entendimiento del proceso. […] No solo es el caso emblemático de Saweto en la Amazonía. Tenemos más de 33 líderes asesinados y este caso marca un hito histórico en el Perú”, mencionó.

Por otro lado, los deudos del caso también mostraron su conformidad con la decisión judicial, precisando que era una decisión justa y esperada. “Me siento contenta, pero, aun así, seguiré adelante y luchando por la muerte de mi padre y no me voy a quedar tranquila. Ya terminó el caso, pero seguiré, porque nadie me devolverá la vida de mi padre”, aseveró Lina Ruiz, hija de Francisco Pinedo, una de las víctimas.

El 1 de septiembre de 2014, los líderes descansaban en un tambo en las cercanías de la quebrada Putaya, ubicada en el distrito de Masisea, en la región de Ucayali, cuando fueron emboscados por individuos armados, relacionados con intereses de madereros ilegales. La emboscada fue cruel y despiadada: los líderes indígenas fueron torturados, abusados sexualmente y asesinados con cuchillos y balas de escopeta.

Luego de que las víctimas no regresaran de su viaje, sus familiares y miembros de la comunidad comenzaron a preocuparse. Ante la falta de noticias, decidieron iniciar una búsqueda en la selva, encontrando restos de sus cuerpos, desfigurados por la violencia de sus agresores, el 6 de septiembre de 2014. También encontraron partes de sus vestimentas.

La tesis fiscal planteó que Soria Flores y Estrada Huayta son los autores intelectuales del crimen; mientras que los hermanos Atachi Félix, junto con Mapes Gómez, son quienes ejecutaron la orden de los autores intelectuales. Para esta teoría se tomaron en cuenta testimonios, actas policiales, fiscales y antecedentes de los imputados y las víctimas; así como la relación que tenían antes de ocurrir el crimen, ya que en reiteradas oportunidades los agraviados denunciaron a los hoy sentenciados porque, supuestamente, traficaban con la madera de sus territorios ancestrales.

Es importante señalar que el argumento de la fiscal del caso Vannie Robles se basó en la figura de la prueba indiciaria y, a comparación de la tesis planteada por sus antecesores (otros seis fiscales vieron el caso antes que ella), en este juicio oral, se introdujo la declaración de un testigo protegido que afirmó haber escuchado cómo los investigados se mofaban de la muerte de las víctimas y se jactaban de haberlos asesinado.

El juicio oral comenzó el 2 de noviembre del año 2023, luego de que la Primera Sala Penal de Apelaciones, el 29 de agosto de 2023, declarara nula la Resolución de fecha 27 de febrero del año 2023. Dicha resolución, emitida por otro Juzgado Penal Colegiado Permanente, condenaba a los mencionados como coautores del delito de homicidio calificado a 28 años y 3 meses de pena privativa de la libertad efectiva. La decisión en primera instancia también se basó en la prueba indiciaria.

El presidente de la Corte de Ucayali, Dr. Tullio Bermeo Turchi, como muestra de su firme compromiso con la administración de justicia sin dilataciones innecesarias, gestionó que las audiencias del segundo juicio oral se realice de forma interdiaria y fuera del horario laboral, logrando el caso llegar a sentencia en tan solo 5 meses, pese a que la carga laboral existente en el colegiado, los obligaba a programar las audiencias para el 2025.