Siete meses de prisión preventiva para hombre investigado por robo de celulares

La jueza Ángela Zamudio Navarro ordenó el internamiento en el Penal de Pucallpa por siete meses de Claicer Renel Nuñez Macuyama de 20 años, en la investigación que se le sigue por el delito de robo agravado en grado de consumado, en agravio de un repartidor de agua en Manantay. Esto luego de declarar fundado el pedido de prisión preventiva en su contra.

La magistrada tomó en cuenta la presentación de pruebas por parte de la fiscalía, las cuales sugirieron una alta probabilidad de la ocurrencia del delito y la vinculación del imputado con el mismo. Entre estas tenemos el acta de recepción de denuncia, el testimonio del agraviado y el hallazgo de pertenencias del agraviado en el domicilio del imputado.

Aunque la defensa cuestionó la legalidad de la intervención policial, argumentando que esta se llevó a cabo sin el consentimiento del imputado y sin una orden judicial que respaldara la entrada y registro del domicilio, por lo que se habría vulnerado los derechos del denunciado, la jueza consideró que no se presentaron pruebas para desestimar la intervención.

Asimismo, el Ministerio Público realizó un análisis detallado de la posible pena que enfrentaría el imputado en caso de ser hallado culpable, que sería de 12 años y 18 días. Debido a que la posible condena superaría ampliamente los 5 años- requisito para la prisión preventiva- se justificó la necesidad de esta medida cautelar (acción tomada con el fin de proteger los derechos e intereses de las partes involucradas en un proceso judicial).

En cuanto al peligro procesal, la jueza también lo evaluó minuciosamente. Se observó la falta de arraigo domiciliario, laboral y familiar del imputado, así como su presunta colaboración insuficiente en la investigación (no señaló con exactitud en dónde se encontraban las pertenencias del denunciante). Pese a que la defensa argumentó que la falta de arraigo no implicaba necesariamente un riesgo de fuga, la jueza consideró que no se presentaron pruebas suficientes para descartar este riesgo.

La magistrada también tomó en cuenta que la prisión preventiva es necesaria para garantizar la eficacia del proceso penal y evitar la intromisión del imputado en la averiguación de la verdad.

El 5 de febrero del año en curso, el señor Charlys Vásquez Shuña, repartidor de agua en Pucallpa, fue víctima de un violento atraco mientras se encontraba realizando su labor de distribución en el asentamiento humano Juanita Razuri, ubicado en Manantay.

Según relató el agraviado, alrededor de las 2:30 de la tarde, mientras se encontraba estacionado frente a la casa de una clienta, una motocicleta negra de modelo chacarera se aproximó rápidamente. Dos individuos descendieron del vehículo, uno de los cuales portaba un arma de fuego. Sin mediar palabras, el sujeto que portaba el arma agredió brutalmente al repartidor, lo amenazó y despojó de sus pertenencias, las cuales incluían dos teléfonos celulares (uno de marca Samsung y otro iPhone), documentos personales, como tarjetas de propiedad y licencia de conducir, así como S/ 250.

Tras el robo, Vásquez Shuña acudió inmediatamente a la comisaría de San Fernando para interponer una denuncia. Con la ayuda del Sistema de Posicionamiento Global (GPS) de uno de sus dispositivos móviles, pudo rastrear el paradero aproximado de sus pertenencias hasta el asentamiento humano Socorrito, en Callería.

Con la colaboración del personal policial, se dirigieron hacia la ubicación señalada por el GPS. Allí, Vásquez Shuña vio a través de la puerta de un domicilio, la carcasa de su celular sobre una cama. Las fuerzas del orden llamaron a la puerta y salió Núñez Macuyama, que fue reconocido inmediatamente por el agraviado como la persona que lo golpeó con la cacha del arma fuego en la cabeza y le robó sus pertenencias.

La Policía registró la vivienda y encontró más evidencias relacionadas con el delito, incluyendo una billetera con S/ 415 y un arma de fuego artesanal. Posteriormente, realizaron una búsqueda en los alrededores de la propiedad, donde se logró recuperar los dos teléfonos celulares enterrados entre malezas y escombros.

Posteriormente, el imputado fue trasladado a la comisaría para las investigaciones pertinentes.

En el Perú el delito de robo agravado se sanciona con una pena no menor de 12 ni mayor de 20 años de cárcel.

La Corte Superior de Justicia de Ucayali durante el 2023 judicializó 800 casos por robo agravado.