Manantay: Mandan al penal a investigados por entrar a casa y sustraer celulares

Por presuntamente ingresar a una vivienda para sustraer todos los celulares que se encontraban allí y portar un arma sin la licencia respectiva, la jueza Dra. Ángela María Zamudio Navarro, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria, ordenó el internamiento preventivo en el Penal de Pucallpa por 7 meses, de Kerry Irarica Arimuya y Grecia Cristina Peña Icomena, investigados por el delito de hurto agravado y tenencia ilegal de armas.

La magistrada tomó esta decisión luego de valorar el acta de intervención y el registro domiciliado de los investigados -en donde encontraron los celulares-, las declaraciones de los policías que participaron en la recuperación de los equipos, el informe pericial de balística practicada al arma, que arrojó que estaba en buen estado y operativa para su empleo, entre otros documentos.

La mañana del 6 de febrero de 2024, Carlos Macedo Ríos, morador del asentamiento humano Punta Hermosa, en Manantay, se vio sorprendido al despertar y descubrir que su vivienda había sido víctima de un robo. El agraviado, quien se disponía a salir hacia su centro de trabajo, notó la ausencia de su teléfono celular Motorola, que había dejado en su sala cargando la noche anterior.

Alarmado buscó qué más cosas habían sido sustraídas, tras un recorrido por las habitaciones se percató que se habían llevado otros dos celulares de los demás integrantes de la vivienda, también notó que la puerta de ingreso de su casa había sido violentada. Sin perder tiempo, recurrió al correo electrónico para rastrear la ubicación de uno de los celulares, lo que lo condujo a la calle 27 de Diciembre.

Tras denunciar el hecho, personal policial de la comisaría de San Fernando se movilizó hacia la ubicación proporcionada por el sistema de rastreo del Sistema de Posicionamiento Global (GPS). Tras una búsqueda en varias viviendas, el dispositivo sustraído emitió una señal desde una de las viviendas. Al llegar al lugar, fueron recibidos por un hombre, quien tras ser informado sobre el propósito de la visita permitió el ingreso de los agentes.

En el interior de la vivienda, donde vive la pareja Kerry Irarica Arimuya y Grecia Cristina Peña Icomena, se encontraron tres equipos celulares pertenecientes al agraviado y su familia, resguardados en un velador de madera. Además, encontraron una pistola abastecida con siete municiones en una de las habitaciones.

Ante estas circunstancias, la Policía procedió con la detención y traslado de los investigados a la División de Investigación Criminal para las diligencias del caso.

Debido a que los celulares sustraídos fueron encontrados en la vivienda de los imputados, al igual que el arma, se cumplió a criterio de la magistrada, con el primer requisito para la prisión preventiva, establecida en el artículo 268 del Código Procesal Penal: que existan fundados y graves elementos de convicción (pruebas) que vinculen a los imputados con el hecho denunciado.

Como segundo requisito se precisa que la posible pena a imponerse supere los 5 años de cárcel. En el caso en concreto, respecto al delito de hurto agravado, el Ministerio Público señaló que la posible condena sería de 4 años. Con el delito de fabricación, comercialización, uso o porte de armas, la condena sería de 8 años. Tras realizarse el concurso real de delitos, fiscalía sostuvo que la pena aplicable sería de 12 años de cárcel, cumpliéndose con el segundo requisito.

La jueza también declaró fundado el cumplimiento del tercer requisito: el peligro de fuga. Los investigados señalaron vivir en un domicilio diferente al que figura en sus Documentos Nacionales de Identidad y no presentaron documentos que demuestren que cuentan con un domicilio propio registrado a sus nombres. Kerry Irarica, aunque dijo ser carpintero, no presentó ningún documento que señale que está laborando o que haya estudiado para ese oficio. Por su parte, Grecia Peña señaló ser ama de casa. También, ambos imputados no demostraron contar con carga familiar.

En lo que respecta al cumplimiento del cuarto y quinto requisito, señala que la prisión preventiva debe ser proporcional y razonable, para ello, fiscalía solicitó nueve meses, pero a criterio del juzgado, lo idóneo es el plazo de siete meses, suficiente para obtener el resultado del examen de absorción atómica practicado a los imputados y para asegurar sus presencias en las etapas posteriores del proceso.

El Código Penal, a través de su artículo 186°, sanciona el delito de hurto agravado con una pena no menor 4 ni mayor de 8 años. Durante el 2023, la Corte Superior de Justicia de Ucayali judicializó 1 106 casos por este delito.

Además, el artículo 279° del mismo código, condena la tenencia ilegal de armas con una pena no menor de 6 ni mayor de 10 años, e inhabilitación. Sobre este hecho ilícito se han judicializado 508 casos durante el año pasado.