Corte de Ucayali declara infundada solicitud de exalcaldesa de Yarinacocha que buscaba ser investigada en libertad

Sobre Jerly Díaz Chota, exalcaldesa de Yarinacocha, pesa una orden de prisión preventiva por 36 meses desde marzo de 2021, en el marco de una investigación en su contra, por la presunta comisión del delito de organización criminal, colusión agravada y lavado activos. La imputada solicitó el cese de esta medida, pero la jueza Dra. Melina Díaz Acosta, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Coronel Portillo declaró infundada dicha solicitud.

La decisión de la jueza responde a que aún existen pruebas que vinculan a Jerly Díaz con los delitos que se le investiga y que justifican la prisión preventiva. Además, está presente el peligro de obstaculización a la justicia o que huya de ella.

El abogado de la investigada pidió concretamente que se declare fundado el pedido de cesación de prisión preventiva y que se imponga una medida menos gravosa como es la comparecencia con restricciones (imputado puede permanecer en libertad mientras dure el proceso judicial, pero está sujeto a ciertas condiciones impuestas por el juez), así como una caución económica (suma de dinero que debe ser depositado como garantía para obtener la libertad provisional mientras dure el proceso judicial) de acuerdo a sus posibilidades. Para esto presentó como pruebas declaraciones, boletas, informes contables, entre otros.

Por su parte, el Ministerio Público solicitó que se declare infundado la solicitud de cesación, porque la defensa de la investigada, según su argumento, trajo a audiencia elementos de convicción (medios probatorios) que no debilitan, ni varían los presupuestos (requisitos) con el que se le dio la prisión preventiva.

“A la investigada en su calidad de lideresa de la organización criminal, se le atribuyen 3 delitos. Si bien la solicitud de la defensa se origina en febrero de 2023, este pues ha sido objeto de 2 pronunciamientos previos, que declaró infundado el pedido de cese, (…)”, argumentó el fiscal del caso.

Pese a las pruebas presentadas por el abogado de la exalcaldesa, el juzgado señaló que no desvirtúan (invalidan) las imputaciones o desacreditan los indicios presentados por fiscalía respecto a la existencia de una organización criminal o que cometió los delitos por los que se le procesa.

La magistrada consideró que los motivos que llevaron a imponer la prisión preventiva aún persisten, ya que se mantiene la gravedad de los delitos imputados, con penas que superan los estándares mínimos establecidos por la ley (5 años) para que sea investigada en libertad, lo que sugiere que una eventual sentencia sería significativa.

Respecto al peligro de fuga, se presentan arraigos familiares, laborales y domiciliarios, algunos de los cuales fueron considerados por el juzgado. Sin embargo, estos no fueron suficientes para contrarrestar la gravedad de los delitos ni el riesgo de obstaculización del proceso. Aunque se mencionaron nuevos elementos de convicción, como padecimientos médicos de su hijo y constancia de trabajo, que podrían demostrar una actitud favorable de la imputada, la magistrada cuestionó su relevancia en este momento procesal.

En cuanto a la gravedad de la pena y el peligro de obstaculización, se argumenta que la pena probable supera los 15 años de privación de la libertad, lo que justifica mantener la prisión preventiva. El testimonio de colaboradores eficaces y la posibilidad de que la imputada interfiera en la investigación o disponga de sus bienes presuntamente ilícitos, refuerza la necesidad de mantener la medida cautelar (prisión preventiva).

El proceso judicial de Jerly Díaz respecto al cese de prisión preventiva fue largo y complejo. La defensa técnica presentó su solicitud de cese el 13 de diciembre de 2022 ante el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria, que la rechazó el 20 de enero de 2023. La Primera Sala Penal de Apelaciones anuló esta decisión y ordenó una nueva audiencia. El pedido fue designado al Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria que también rechazó la solicitud el 19 de mayo de 2023, siendo nuevamente anulada por la Primera Sala Penal de Apelaciones, que ordenó que otro juez de investigación preparatoria realice una nueva audiencia. Finalmente, el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria programó una nueva audiencia para el 18 de enero de 2024, con varias suspensiones y reprogramaciones posteriores. La última audiencia se llevó a cabo el 2 de febrero de 2024, que fue resuelta el 7 de febrero de este año.

De acuerdo a la tesis fiscal, funcionarios y servidores públicos de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, así como agentes externos, habrían estado involucrados en una serie de presuntos ilícitos penales desde el 2019, cuando Jerly Díaz era alcaldesa. Estos delitos se habrían perpetrado en agravio de personas naturales y jurídicas, con el propósito de realizar contrataciones fraudulentas de bienes y servicios a empresas falsas. El caso nace a partir de información brindada por fuentes humanas identificadas como "Coneja" y “Pedrito” en febrero de 2020.

Las acusaciones incluyen la creación de empresas "fantasmas" que nunca habrían llevado a cabo trabajos en el distrito de Yarinacocha. En lugar de ello, los trabajos supuestamente realizados por estas empresas ficticias eran ejecutados por empleados de la municipalidad. Todo esto habría tenido como objetivo defraudar al Estado peruano y obtener beneficios económicos.

Las empresas que habrían recibido dinero sin prestar servicios incluyen Servicios Generales AN & AM E.I.R.L., Industrial AYA E.I.R.L., Menviza Contratistas Generales S.A.C., Negocios y Servicios JEFF E.I.R.L, JACARONl S.A.C., y otras. El fiscal alegó que estas empresas habrían estado relacionadas con colaboradores y familiares de funcionarios de la municipalidad, quienes habrían participado en el lavado de dinero a través de la compra de propiedades, creación de empresas, restaurantes y vehículos.

Adicionalmente, se menciona que los miembros de esta presunta organización criminal habrían realizado pagos a personas que ya no trabajaban en la Municipalidad de Yarinacocha, beneficiándose económicamente. Además, argumentó que un grupo de trabajadores del municipio habrían llevado a cabo tareas de limpieza y mantenimiento de áreas verdes y caños naturales que deberían haber sido realizadas por las empresas contratadas.

Por lo señalado, a la exburgomaestre, como a exfuncionarios de la municipalidad yarinense y a empresarios, se le sigue una investigación por múltiples delitos.