Poder Judicial tomará acciones legales contra Pronabi

Debido a que el Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi) incumplió sus propios lineamientos al asignar las instalaciones de la Universidad Alas Peruanas (UAP) a la Universidad Nacional de Ucayali (UNU), el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, a través de la Resolución Administrativa N°000036-2024-CE-PJ, puso de conocimiento de los hechos a su procurador público, encargado de defender los derechos e intereses de la institución, para que tome las acciones legales correspondientes.

Luego de que Pronabi incautara la sede de la UAP en Pucallpa, en el marco de una investigación fiscal por lavado de activos, cuatro instituciones públicas solicitaron que se les fueran cedidas: la Corte Superior de Justicia de Ucayali; la Policía Nacional del Perú; la Universidad Nacional de la Intercultural de la Amazonía y la UNU. En el trayecto, la Policía desistió de su pedido, quedando solo la Corte de Ucayali y las universidades.

Mediante acuerdo adoptado por el Consejo Directivo del Pronabi, el 15 de noviembre de 2023, se aprobó la asignación en uso temporal del inmueble incautado a favor de la UNU con la finalidad de emplearlo como sede universitaria, centro preuniversitario y oficinas administrativas. Esta decisión se tomó en contra de sus propios lineamientos para la administración y disposición de bienes.

Este documento señala en su artículo 26 los criterios para la asignación en uso temporal, entre ellos, el numeral 26.2, establece que en caso se reciban solicitudes que superen el número de bienes disponibles y las mismas cumplan con todos los requisitos exigidos, se atiende preferentemente: “a) Entidades que colaboran en la lucha contra la criminalidad organizada, como son el Ministerio Público, Poder Judicial, Ministerio del Interior, Procuraduría General del Estado, Fuerzas Armadas. (…)”.

Tras la aparente irregularidad, esta institución judicial apeló la decisión del Pronabi, ya que las instalaciones debieron ser otorgadas a esta institución judicial con la finalidad de colaborar en la lucha contra la criminalidad organizada, a través de una unidad de flagrancia que iba a ser implementada allí. La apelación, hasta el momento, no fue respondida de acuerdo a ley.

El presidente de la Corte de Ucayali, Dr. Tullio Bermeo Turchi, puso de conocimiento lo ocurrido al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, quienes decidieron no solo comunicar al procurador público, sino también poner al tanto del incumplimiento de sus normas a la presidenta del Consejo Directivo y al coordinador ejecutivo del Pronabi, a través de un oficio.

En dichas instalaciones estaba prevista instalar la primera unidad de flagrancia en Ucayali, que traerá consigo cinco fiscalías e igual número de órganos jurisdiccionales penales, así como más policías y mayor presencia de la Defensa Pública.