Juez ordena medidas de protección para madre de familia agredida por pareja

Con el propósito de salvaguardar la salud mental y física de una madre de familia, el juez del Juzgado de Paz Letrado de Masisea, Dr. Jaime Humberto Villa Ríos, dictó medidas de protección en contra de Agustín Amancio Vargas, denunciado por su conviviente por el delito por violencia física y psicológica.

De acuerdo a los hechos considerados por el magistrado, la noche del 14 de enero de 2024, la denunciante se encontraba en el interior de su domicilio junto con sus menores hijos de 12, 11 y 5 años, cuando apareció su conviviente, quien le habría empezado a reclamarle vociferando palabras soeces y denigrantes, para luego, agredirla en el rostro y la pierna.

Además de la existencia de una denuncia por violencia, se consideró la Ficha de Valoración de Riesgo, que es un instrumento utilizado para evaluar el nivel de riesgo al que una persona puede estar expuesta en situaciones de violencia. Esta ficha arrojó como riesgo severo extremo a la denunciante. También se tomó en cuenta los oficios de evaluación médica y psicológica para la víctima.

El juez argumentó que, en el caso en concreto, la existencia de pruebas periciales (evidencias evaluadas por peritos) no son indispensable para emitir una decisión judicial y, que la declaración de la víctima, considerada prueba anticipada (prueba presentada antes de juicio), puede desvirtuar (negar) la presunción de inocencia. Esto se ahonda con el testimonio de la madre de familia fue verosímil (parece real), coherente y espontanea sobre la violencia física y psicológica por parte del denunciado.

“Aunque no se cuenta con evaluaciones médicas o psicológicas específicas, se destaca que la Ficha de Valoración de Riesgo clasifica el riesgo como severo extremo, siendo un indicador válido para dictar medidas de protección. (…) En este contexto de tutela urgente (medidas judiciales rápidas), se busca interrumpir el ciclo de violencia de manera preventiva para proteger los derechos de la víctima y su entorno familiar. Esta intervención judicial es preventiva, sin implicar sanciones, y que la investigación penal recae en el Ministerio Público, que solicitará la acción penal en su momento”, dijo el magistrado, al momento de dictar las medidas de protección.

Dentro de las medidas dictadas, se incluye el impedimento de que el denunciado ejerza violencia hacia la víctima; la prohibición de acercamiento a la agraviada en su domicilio, trabajo o estudios; la prohibición de cualquier tipo de comunicación, y la protección policial en el domicilio de la víctima diariamente por seis meses.

Además, se ordena tratamiento terapéutico para el denunciado y tratamiento psicológico para la víctima. El juez exhortó al denunciado a cumplir estas medidas bajo advertencia de consecuencias legales, incluyendo la posibilidad de presentar cargos por desobediencia y resistencia a la autoridad.

Cabe indicar que, en el 2023, la Corte Superior de Justicia de Ucayali emitió 2 610 medidas de protección por violencia en todo el distrito judicial, lo que representó un aumento del 45 %, a comparación de lo reportado en el 2022, donde se dictaron 1 428 medidas de protección. En lo que va del mes de enero, se emitieron 114 medidas.

Según especialistas, la violencia física entre parejas, también conocida como violencia doméstica, puede surgir por diversos motivos, como conflictos y desacuerdos, problemas de control, celos, desconfianza, dificultades de comunicación, problemas de salud mental, entre otros, que deben ser tratados por expertos de la salud mental.

Asimismo, durante el año pasado se judicializó 4 735 casos de agresiones en contra de la mujer y violencia familiar, 20 % más de lo registrado durante el 2022, que alcanzó los 3 829. Estos delitos son los reportados con mayor incidencia en Ucayali, superando a los delitos de robo y hurto. Y aunque la estadística de hechos judicializados va en aumento, se estima que las cifras son aún mayores.

En el Perú, las agresiones en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar se sancionan con una pena no menor de 2 ni mayor de 3 años, al que cause lesiones corporales que requieran menos de diez días de asistencia o descanso según prescripción facultativa, o algún tipo de afectación psicológica, cognitiva o conductual, según lo establece el artículo 122 B del Código Penal.

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