Caso Saweto: Corte de Ucayali, Defensoría del Pueblo y deudos solicitan al Ministerio Público celeridad y calidad en investigación
Nota InformativaEl presidente de la Corte de Ucayali, se reunió con la jefa de la Defensoría del Pueblo de Ucayali, Abog. Susana Huamán Granados, el coordinador del proyecto Prevenir de USAID, Juan Muñoz Sisniegas.
15 de diciembre de 2023 - 11:46 a. m.
En la reunión que duró casi una hora, el presidente de la Corte de Justicia de Ucayali, Dr. Tullio Bermeo Turchi, se reafirmó que a más tardar el 15 de enero del 2024 habrá una sentencia y que para ello las audiencias se vienen realizando de manera interdiaria.
El Dr. Tullio Bermeo Turchi, presidente de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, se reunió ayer con la jefa de la Defensoría del Pueblo de Ucayali, Abog. Susana Huamán Granados, el coordinador del proyecto Prevenir de USAID, Juan Muñoz Sisniegas, y los deudos del caso Saweto.
En la reunión que se desarrolló en el despacho presidencial durante una hora aproximadamente, la representante de la Defensoría del Pueblo de Ucayali solicitó al presidente de la corte la contratación de un intérprete para facilitar el acceso a la información y mejorar la comprensión del proceso.
Por su parte, Lina Ruiz Santillán, hija de Francisco Pinedo Ramírez, uno de los defensores asesinados, pidió que las audiencias sean presenciales y se haga justicia, ya que no es justo que nueve años después del asesinato de sus familiares los responsables continúen libres.
Juan Muñoz, coordinador del proyecto Prevenir de USAID, entre tanto exhortó al doctor Bermeo hacer incidencia sobre la pertinencia cultural en el caso, para que las viudas puedan comprender adecuadamente los términos legales y las implicancias del proceso judicial, asegurando así su seguridad y tranquilidad.
El presidente de la Corte de Justicia de Ucayali, Dr. Tullio Bermeo, tras tomar nota de la solicitud de sus interlocutores enfatizó que la corte está comprometida con brindar justicia y que exhortará al colegiado del caso Saweto si hay la posibilidad de que algunas audiencias puedan ser presenciales, y más bien instó al Ministerio Público a cumplir su función conforme a la Constitución y su Ley Orgánica, puesto que la investigación y los requerimientos son responsabilidad de la fiscalía, mientras que al Poder Judicial le corresponde sentenciar en base a la actuación probatoria.
“En este caso [Saweto] diversos estamentos del Estado han fallado. Y digo esto porque durante años hubo reclamos de orden administrativo. Luego a nivel fiscal demoraron bastantes años, no con respecto al Poder Judicial, que ha tenido el caso aproximadamente dos años, que para ser un caso bastante complejo es un término más o menos adecuado. Ahora bien, respecto al enfoque intercultural, creo que tratándose de una corte amazónica tiene que tomarse en cuenta estos aspectos”, sostuvo.
Sobre el trabajo de la fiscalía, la doctora Susana Huamán, representante de la Defensoría del Pueblo de Ucayali, informó que su institución ha solicitado por escrito al Ministerio Público que la investigación del caso Saweto se realice de manera célere y, sobre todo, con calidad.
“Como Defensoría estamos haciendo un seguimiento de nuestra solicitud al Ministerio Público, y conforme avancen las audiencias nos pronunciaremos sobre el trabajo del representante de la fiscalía”, dijo.
En esa línea, Lina Ruiz, hija de Francisco Pinedo, una de las víctimas, manifestó estar preocupada por la falta de investigación y avances fiscales en el caso.
"No estamos bien, porque ya no confiamos en las personas. A veces nos mienten, no nos ayudan. Mi único pedido es que se agilicen las investigaciones y se haga justicia lo más pronto posible", refirió.
Ministerio de Justicia
Sobre la solicitud de la representante de la Defensoría del Pueblo de Ucayali para que haya un intérprete en las audiencias, Bermeo indicó que el abogado de los familiares de las víctimas debe solicitarlo y que esa tarea le corresponde al Ministerio de Justicia.
Agregó que la Corte de Ucayali es una corte comprometida con la ciudadanía y los grupos indígenas, consecuentemente, brindará justicia como corresponde, con independencia que se garantiza a nuestros señores magistrados, y que la población se sienta tranquila que los compromisos sociales, como es el tener una sentencia a más tardar el próximo 15 de enero, se cumplirán a cabalidad.
Saweto, un caso aún por resolver
En septiembre del 2014, cuatro defensores ambientalistas del distrito de Masisea, región Ucayali, fueron asesinados por denunciar la extracción de madera y tala ilegal de los bosques primarios.
Durante todos estos años el caso fue visto por varios fiscales: Yelca Ayala Alfaro (2014), Eder Farfán Romero (2014), Wilber Huamanyauri Cornelio (2014), Julio Reátegui Urresti (2015-2018), Otoniel Jara Córdova (2018-2020), Dennis Vega Sotelo (2020-2023) y Vannie Robles Sajamí (2023-actualidad).
Tras ocho años de espera, en febrero de este año, el Poder Judicial condenó a 28 años de prisión a los madereros Hugo Soria Flores, Euricio Mapes Gómez, José Estrada Huayta y los hermanos Segundo y Josimar Atachi Felix. Sin embargo, el 29 de agosto de este año, la sentencia fue anulada por la Primera Sala Penal de Apelaciones de Ucayali.
Con el fin de atender este caso que ha cruzado las fronteras de nuestro país, la Corte Superior de Justicia de Ucayali programó nuevamente la audiencia de juicio oral para los meses de noviembre, diciembre y enero, siendo la fecha final el 15 de enero de 2024. Pese a que, la carga procesal existente exigía que en un normal desarrollo del caso, se iniciara el juicio en el 2025. Estas audiencias, como muestra del compromiso de dicha institución judicial, se están llevando de forma interdiaria, fuera del horario laboral.
El Dr. Tullio Bermeo Turchi, presidente de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, se reunió ayer con la jefa de la Defensoría del Pueblo de Ucayali, Abog. Susana Huamán Granados, el coordinador del proyecto Prevenir de USAID, Juan Muñoz Sisniegas, y los deudos del caso Saweto.
En la reunión que se desarrolló en el despacho presidencial durante una hora aproximadamente, la representante de la Defensoría del Pueblo de Ucayali solicitó al presidente de la corte la contratación de un intérprete para facilitar el acceso a la información y mejorar la comprensión del proceso.
Por su parte, Lina Ruiz Santillán, hija de Francisco Pinedo Ramírez, uno de los defensores asesinados, pidió que las audiencias sean presenciales y se haga justicia, ya que no es justo que nueve años después del asesinato de sus familiares los responsables continúen libres.
Juan Muñoz, coordinador del proyecto Prevenir de USAID, entre tanto exhortó al doctor Bermeo hacer incidencia sobre la pertinencia cultural en el caso, para que las viudas puedan comprender adecuadamente los términos legales y las implicancias del proceso judicial, asegurando así su seguridad y tranquilidad.
El presidente de la Corte de Justicia de Ucayali, Dr. Tullio Bermeo, tras tomar nota de la solicitud de sus interlocutores enfatizó que la corte está comprometida con brindar justicia y que exhortará al colegiado del caso Saweto si hay la posibilidad de que algunas audiencias puedan ser presenciales, y más bien instó al Ministerio Público a cumplir su función conforme a la Constitución y su Ley Orgánica, puesto que la investigación y los requerimientos son responsabilidad de la fiscalía, mientras que al Poder Judicial le corresponde sentenciar en base a la actuación probatoria.
“En este caso [Saweto] diversos estamentos del Estado han fallado. Y digo esto porque durante años hubo reclamos de orden administrativo. Luego a nivel fiscal demoraron bastantes años, no con respecto al Poder Judicial, que ha tenido el caso aproximadamente dos años, que para ser un caso bastante complejo es un término más o menos adecuado. Ahora bien, respecto al enfoque intercultural, creo que tratándose de una corte amazónica tiene que tomarse en cuenta estos aspectos”, sostuvo.
Sobre el trabajo de la fiscalía, la doctora Susana Huamán, representante de la Defensoría del Pueblo de Ucayali, informó que su institución ha solicitado por escrito al Ministerio Público que la investigación del caso Saweto se realice de manera célere y, sobre todo, con calidad.
“Como Defensoría estamos haciendo un seguimiento de nuestra solicitud al Ministerio Público, y conforme avancen las audiencias nos pronunciaremos sobre el trabajo del representante de la fiscalía”, dijo.
En esa línea, Lina Ruiz, hija de Francisco Pinedo, una de las víctimas, manifestó estar preocupada por la falta de investigación y avances fiscales en el caso.
"No estamos bien, porque ya no confiamos en las personas. A veces nos mienten, no nos ayudan. Mi único pedido es que se agilicen las investigaciones y se haga justicia lo más pronto posible", refirió.
Ministerio de Justicia
Sobre la solicitud de la representante de la Defensoría del Pueblo de Ucayali para que haya un intérprete en las audiencias, Bermeo indicó que el abogado de los familiares de las víctimas debe solicitarlo y que esa tarea le corresponde al Ministerio de Justicia.
Agregó que la Corte de Ucayali es una corte comprometida con la ciudadanía y los grupos indígenas, consecuentemente, brindará justicia como corresponde, con independencia que se garantiza a nuestros señores magistrados, y que la población se sienta tranquila que los compromisos sociales, como es el tener una sentencia a más tardar el próximo 15 de enero, se cumplirán a cabalidad.
Saweto, un caso aún por resolver
En septiembre del 2014, cuatro defensores ambientalistas del distrito de Masisea, región Ucayali, fueron asesinados por denunciar la extracción de madera y tala ilegal de los bosques primarios.
Durante todos estos años el caso fue visto por varios fiscales: Yelca Ayala Alfaro (2014), Eder Farfán Romero (2014), Wilber Huamanyauri Cornelio (2014), Julio Reátegui Urresti (2015-2018), Otoniel Jara Córdova (2018-2020), Dennis Vega Sotelo (2020-2023) y Vannie Robles Sajamí (2023-actualidad).
Tras ocho años de espera, en febrero de este año, el Poder Judicial condenó a 28 años de prisión a los madereros Hugo Soria Flores, Euricio Mapes Gómez, José Estrada Huayta y los hermanos Segundo y Josimar Atachi Felix. Sin embargo, el 29 de agosto de este año, la sentencia fue anulada por la Primera Sala Penal de Apelaciones de Ucayali.
Con el fin de atender este caso que ha cruzado las fronteras de nuestro país, la Corte Superior de Justicia de Ucayali programó nuevamente la audiencia de juicio oral para los meses de noviembre, diciembre y enero, siendo la fecha final el 15 de enero de 2024. Pese a que, la carga procesal existente exigía que en un normal desarrollo del caso, se iniciara el juicio en el 2025. Estas audiencias, como muestra del compromiso de dicha institución judicial, se están llevando de forma interdiaria, fuera del horario laboral.