Unidad de Flagrancia de Coronel Portillo garantiza procesos donde predomina la justicia célere, oportuna y eficaz

El presidente de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, Hermógenes Vicente Lima Chayña, informa que la Unidad de Flagrancia Delictiva Coronel Portillo, ha recepcionado un total de 358 detenidos, involucrados en diversos delitos cometidos en situación de flagrancia, mostrando un notable compromiso de la Policía Nacional del Perú, Ministerio Público, Defensa Pública y la Corte de Ucayali para garantizar una justicia oportuna, célere y eficaz.

Tras la realización de las investigaciones preliminares, a cargo de los efectivos policiales, bajo la conducción jurídica de los fiscales, se concluyeron y archivaron algunos casos a nivel fiscal. Ingresaron al juzgado 192 casos, los cuales fueron resueltos durante los meses de octubre a diciembre de 2025, así como en las primeras semanas de enero de 2026, evidenciando una respuesta oportuna, eficiente y articulada del sistema de justicia frente a la criminalidad flagrante.

Sabías que

El trámite del proceso inmediato derivado de una situación de flagrancia delictiva se desarrolla de manera articulada por cada una de las instituciones que intervienen, en el marco de sus respectivas competencias.

En tal sentido, la Policía Nacional del Perú (PNP) tiene a su cargo la detención y custodia de los intervenidos, así como la realización de las diligencias de investigación preliminar y los exámenes de criminalística.

Por su parte, el Ministerio Público conduce la investigación, solicita la incoación del proceso inmediato, formula la acusación correspondiente y tiene bajo su responsabilidad los servicios de Medicina Legal.

Asimismo, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de los defensores públicos, brinda asistencia legal al intervenido y a la víctima cuando estos no cuenten con defensa particular.

Finalmente, el Poder Judicial es el encargado de dirigir las audiencias, juzgar los hechos y expedir las resoluciones y sentencias correspondientes.

Entre los delitos de mayor incidencia, se registraron 65 casos de delitos contra el patrimonio, destacando el hurto agravado, robo agravado y receptación agravada, además de algunos casos de estafa agravada y extorsión, como los más recurrentes. Asimismo, se atendieron 60 casos de agresiones contra las mujeres o integrantes del grupo familiar, constituyéndose este delito como uno de los más recurrentes.

En el ámbito de los delitos contra la libertad e indemnidad sexual, se procesaron casos por tocamientos indebidos, actos de connotación sexual o libidinosos, violación sexual de menores de edad, incluyendo hechos de especial gravedad como la violación de menor de 14 años seguida de muerte o lesión grave, así como acoso sexual.

De igual forma, se conocieron delitos contra la vida y la salud, tales como lesiones leves y graves, homicidio calificado y homicidio culposo, además de otros ilícitos relevantes relacionados con la microcomercialización de drogas, porte y uso ilegal de armas, trata de personas, uso ilegal de productos pirotécnicos, desobediencia o resistencia a la autoridad, ingreso indebido de equipos de comunicación a centros de detención y sustracción o arrebato de armas de guerra.

La mayoría de los procesos involucró a una sola persona, registrándose también casos hasta con cuatro imputados. La decisión judicial más recurrente fue la de declarar la procedencia con comparecencia simple; seguida, en menor proporción, por comparecencia con restricciones, derivación al proceso común, resoluciones fundadas, improcedentes y sobreseimientos parciales.

Respecto a las penas impuestas, predominaron las penas cortas y medias, entre 7 y 10 meses, así como de 1 a 3 años. También se dictaron medidas de prisión preventiva, principalmente por períodos de 6, 7 y 9 meses. Las penas más elevadas alcanzaron los ocho años de prisión, seguidas de condenas de 6 años y 8 meses, y 5 años, registrándose además casos en los que las penas efectivas fueron convertidas en jornadas de servicio comunitario.

En cuanto a la duración de los procesos, se evidenció una marcada celeridad procesal: los casos más rápidos se resolvieron entre 50 minutos y 1 hora, siendo el rango más frecuente de atención entre 2 y 5 horas. Solo en procesos de mayor complejidad se registraron tiempos de atención de 12 a 24 horas.

Estos resultados reflejan la eficiencia operativa y la celeridad procesal de la Unidad de Flagrancia de Coronel Portillo, consolidándola como un mecanismo clave para la atención inmediata de delitos flagrantes, con especial énfasis en la protección de las víctimas, el respeto al debido proceso y el fortalecimiento de la seguridad ciudadana.