Capacitan a efectivos policiales sobre el Protocolo de Actuación Interinstitucional de las Unidades de Flagrancia Delictiva

Con la finalidad de fortalecer la articulación interinstitucional y garantizar una respuesta oportuna frente a los delitos en situación de flagrancia, la Corte Superior de Justicia de Ucayali realizó una jornada de capacitación dirigida a 17 efectivos de la Policía Nacional del Perú. La actividad fue organizada por el presidente de la Comisión Distrital de Implementación de la Unidad de Flagrancia Delictiva en Ucayali, Hermógenes Vicente Lima Chayña, y la Administración de la Unidad de Flagrancia, a cargo de Orlando Rimarachín Chupillón.

El evento se desarrolló en el auditorio de la Corte Superior de Justicia de Ucayali y estuvo orientada a difundir el contenido y alcances del reciente Decreto Supremo que aprueba el Protocolo de Actuación Interinstitucional de las Unidades de Flagrancia Delictiva, instrumento normativo que establece los lineamientos para una actuación coordinada entre las instituciones del sistema de justicia penal.

La capacitación fue impartida por el juez coordinador de la Unidad de Flagrancia Delictiva, Henry Paul Valladares Laurencio, quien abordó aspectos fundamentales como los objetivos del protocolo, la competencia de la Unidad de Flagrancia, los principios rectores del sistema y los procedimientos que deben seguirse para la atención célere y eficiente de los casos de flagrancia delictiva.

Durante la jornada, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, Hermógenes Vicente Lima Chayña, expresó su plena disposición de seguir contribuyendo al fortalecimiento del trabajo articulado entre las instituciones del sistema de justicia, destacando que la capacitación permanente y la coordinación interinstitucional resultan fundamentales para garantizar una respuesta rápida y eficaz frente a los delitos en situación de flagrancia, en beneficio de la ciudadanía.

Con este tipo de actividades, la Corte Superior de Justicia de Ucayali reafirma su compromiso con el fortalecimiento de las capacidades de los operadores del sistema de justicia y la mejora continua de los servicios judiciales, contribuyendo a una justicia más célere, eficiente y cercana a la población.