Ordenan 18 meses de prisión preventiva para funcionarios implicados en presunta red de corrupción en la UGEL Contamana

El Juzgado de Paz Letrado en adición al Juzgado de Investigación Preparatoria de Purús, a cargo de la Dra. Noemí Ríos Flores, encargada del Juzgado de Investigación Preparatoria de Contamana, dictó 18 meses de prisión preventiva contra Gissela Correa Meléndez, Anghelo Patricio Vásquez Dávila, César Alberto Noriega Cachique y Tatiana Francesca Zevallos Gonzales, investigados por el delito de Organización Criminal y Peculado, en agravio del Estado – UGEL de Contamana – Ucayali. El plazo de la medida se computará desde la fecha de su detención. En consecuencia, se ordena su inmediata búsqueda y captura para su internamiento en el Establecimiento Penitenciario de Pucallpa, debiendo oficiarse al jefe de la Policía Judicial y al director del referido penal para el cumplimiento de lo dispuesto.

Asimismo, el Juzgado declaró infundado el requerimiento de prisión preventiva formulado por el Ministerio Público respecto de Rogelio Flores Rojas, Hider Isaí Huanuiri Palla y Eder Miguel Yucra García, por los mismos delitos y agravio antes mencionados, imponiéndose a su favor el mandato de comparecencia restrictiva durante el tiempo que dure el proceso penal.

Los investigados deberán concurrir a todas las citaciones efectuadas por la autoridad judicial o fiscal presentarse cada 15 días ante el Ministerio Público para registrar su firma; no ausentarse de su localidad de residencia sin autorización judicial ni concurrir a lugares de dudosa reputación; y pagar una caución económica de S/10000, dentro del plazo de siete días de notificada la resolución, bajo apercibimiento de revocarse el mandato de comparecencia y dictarse prisión preventiva en caso de incumplimiento.


¿Qué pasó?

Según la tesis fiscal, los principales imputados son Gissela Correa Meléndez, Anghelo Patricio Vásquez Dávila, César Alberto Noriega Cachique y Tatiana Francesca Zevallos Gonzales, quienes afrontan acusaciones por presuntas irregularidades en la gestión de fondos públicos, entre ellas pagos indebidos y desvíos de dinero hacia cooperativas ficticias y casas comerciales inexistentes. La investigación señala que estos hechos, vinculados a los delitos de organización criminal y peculado doloso, habrían generado un perjuicio superior a S/ 9´459,000, producto de pagos realizados sin sustento legal ni documentación de respaldo, afectando incluso el pago de planillas del personal de la UGEL Contamana. Además, se identificó el uso de cooperativas y entidades comerciales sin autorización ni registro legal, lo que vulneró los procedimientos administrativos y evidenció un esquema sistemático de corrupción.

De acuerdo con el Ministerio Público, se detectó la manipulación y alteración de información en los archivos de descuentos enviados por cooperativas, lo que habría permitido el desvío de fondos con la presunta participación de personal de las áreas de informática y tesorería. También se documentó la existencia de convenios suscritos sin autorización del Ministerio de Educación, así como falsificación de firmas y documentos que dificultaron la verificación de los pagos.

Si bien la entonces directora Gissela Correa Meléndez denunció irregularidades durante su gestión, la Fiscalía sostiene que también habría autorizado pagos sin respaldo legal. Finalmente, se indicó que varios imputados se encontraban no habidos antes de la audiencia, hecho que fue considerado un indicio de obstaculización del proceso. Todos estos elementos configurarían la existencia de una red de corrupción interna con graves implicancias penales y administrativas para los involucrados.