Caso Saweto: Ratifican condena de 28 años y 3 meses de prisión contra madereros por asesinato de cuatro líderes indígenas

La Primera Sala Penal de Apelaciones en Adición Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, integrada por los magistrados Robin Barreda Rojas (director de debates), Marco Santa Cruz Urbina y Jonatan Basagoitia Cárdenas, confirmó la condena de 28 años y 3 meses de prisión efectiva contra Josimar Atachi Félix y Segundo Euclides Atachi Félix como coautores, y a Hugo Soria Flores y José Carlos Estrada Huayta como autores mediatos por el delito de homicidio calificado con las circunstancias agravantes de alevosía en agravio de los líderes indígenas de la comunidad nativa Alto Tamayo Saweto, identificados como Edwin Chota Valera, Leoncio Quintisima Meléndez, Jorge Ríos Pérez y Francisco Pinedo Ramírez.

Respecto a la reparación civil, la Sala incrementó el monto de S/200000 a S/400000, los cuales deberán ser pagados de forma solidaria por los sentenciados a favor de los sucesores de los agraviados, correspondiendo S/100000 para cada sucesor de los agraviados. Finalmente, se ordenó la ubicación y captura de los condenados, a fin de ser puestos a disposición del juzgado de origen e internados en el establecimiento penitenciario correspondiente.

Conforme a la tesis fiscal, el 5 de abril de 2013, Edwin Chota Valera, jefe de la Comunidad Nativa Alto Tamaya-Saweto, denunció ante la Dirección Ejecutiva Forestal y de Fauna Silvestre de Ucayali la presencia de más de 800 trozas de madera extraídas ilegalmente, presuntamente por los hermanos Atachi Félix, Eurico Mapes Gomes y Walter Ponce. Estas trozas estaban marcadas irregularmente y almacenadas en el puerto del Aserradero San Juan de Pucallpa. Además, los comuneros denunciaron amenazas de muerte contra sus dirigentes, en particular contra Leandro Camacho Ramírez.

Tras la denuncia, según el representante del Ministerio Público, el 8 de abril de 2013, inspectores de la Dirección Forestal verificaron en la empresa MAGISELVA la existencia de más de 650 trozas de madera de diferentes especies, atribuyendo la extracción a los mismos responsables. Ese mismo día, Chota y Jorge Ríos Pérez comunicaron a la Segunda Fiscalía Especializada en Materia Ambiental la persistencia de la tala ilegal en su territorio. La Fiscalía realizó diligencias en el aserradero Forza Nuova E.I.R.L, donde se hallaron 986 trozas, disponiéndose su inmovilización e incautación parcial, al no contar con documentación válida.

Durante las diligencias, la Fiscalía señaló que Edwin Chota y otros dirigentes de Saweto denunciaron nuevas amenazas de muerte por parte de Hugo Soria Flores y familiares de los madereros denunciados. Pese a ello, continuaron informando a las autoridades sobre la extracción ilegal y la habilitación de campamentos de tala en el Alto Tamaya. La Fiscalía en materia ambiental y el OSINFOR corroboraron posteriormente la presencia de trozas y viales de arrastre en concesiones forestales vinculadas a la empresa ECOFUSAC, así como deudas y graves infracciones contractuales.

Paralelamente, según el fiscal, entre 2013 y 2014, representantes de ECOFUSAC y sus allegados interpusieron denuncias penales contra Edwin Chota y comuneros de Saweto, acusándolos de homicidio, falsedad ideológica, narcotráfico y amenazas. Estas denuncias fueron vistas por la comunidad como represalias frente a la defensa de su territorio. Chota, por su parte, continuó elevando informes y oficios a OSINFOR, denunciando la tala indiscriminada y solicitando la supervisión de concesiones forestales, en las que señalaba directamente a los Mapes y Atachi como principales depredadores.

En agosto de 2014, el fiscal sostuvo que Edwin Chota, junto a otros tres dirigentes de Saweto, emprendió un viaje hacia la comunidad indígena de Apiwtxa (Brasil) para tratar la problemática de la tala ilegal. El 1 de septiembre fueron emboscados y asesinados en el sector Varadero, crimen atribuido a los hermanos Atachi Félix y Eurico Mapes, por encargo de José Estrada Huayta y Hugo Soria Flores. Días después, sus cuerpos y restos fueron hallados en la ribera del río Putaya. Posteriormente, OSINFOR concluyó en sus supervisiones que la empresa ECOFUSAC incurrió en tala ilegal, lo que llevó a sanciones, multas y a la caducidad de su concesión forestal.

En cuanto a la determinación de la pena, el Colegiado confirmó la pena de 28 años y 3 meses de prisión impuesta a los sentenciados, al aplicar la regla de los tercios contemplada en el art. 45-A del Código Penal, en atención a la concurrencia de circunstancias atenuantes y agravantes.

Respecto a la reparación civil, el Tribunal determinó que, debido a la naturaleza del delito de homicidio calificado por alevosía, el daño moral ocasionado a los familiares de las víctimas resulta incuestionable y de gran magnitud. En consideración a su situación de vulnerabilidad —mujeres viudas, de lengua y etnia ashéninka, con hijos menores, lejanía de su lugar de residencia y, en condiciones de pobreza— se incrementó el monto de la reparación civil a S/400000 en razón de S/100000 para cada familia, que deberá ser pagada de forma solidaria por los condenados.

Acerca de la motivación de la sentencia, se estableció que la sentencia de primera instancia cuenta con una adecuada motivación jurídica, al exponer de manera clara los fundamentos fácticos y jurídicos que la sustentan, garantizando así el respeto al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva.

Durante las audiencias de apelación y en la lectura de sentencia, se contó con la participación de la intérprete Juana Zumaeta López, de lengua ashéninka, lo que garantizó que los familiares de las víctimas comprendieran íntegramente el proceso. Este hecho constituye un ejemplo del compromiso del Poder Judicial con las poblaciones vulnerables de la Amazonía, en aplicación del enfoque intercultural, el respeto a la diversidad lingüística y la protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas y originarios.

La ratificación de esta condena constituye un precedente significativo en la defensa de los derechos humanos y en la lucha contra los crímenes que afectan a los defensores ambientales y pueblos originarios. Asimismo, refleja la firme decisión del Poder Judicial de sancionar la violencia ejercida contra líderes indígenas que, como los dirigentes de Saweto, dedicaron su vida a la protección de los bosques amazónicos.

El Poder Judicial reafirma así su compromiso con una justicia intercultural, inclusiva y efectiva, que protege los derechos fundamentales y garantiza el acceso igualitario a la justicia para todos los ciudadanos, en especial para las comunidades más vulnerables del país.