Abuso sexual en Inahuaya: Imputado enfrenta prisión preventiva tras embarazo de adolescente de 13 años

Nota de prensa
La prisión preventiva busca proteger a la víctima, quien fue ultrajada desde los 10 años, y evitar la fuga del investigado.
Abuso sexual en Inahuaya Imputado enfrenta prisión preventiva tras embarazo de adolescente de 13 años

11 de julio de 2025 - 11:55 a. m.


La jueza Noemí Ríos Flores, encargada del Juzgado de Paz Letrado en adición al Juzgado de Investigación Preparatoria de Contamana, dictó nueve meses de prisión preventiva contra Hermes Gutapaña Gómez (42), investigado por la violación sexual reiterada de una menor de 10 años en Inahuaya, que resultó en un embarazo. La medida busca proteger a la víctima y evitar que el imputado, cuya defensa no acreditó arraigo domiciliario, familiar ni laboral, pueda fugarse o evadir la justicia.


En consecuencia, la jueza ordenó que el imputado sea internado en el Centro Penitenciario de Pucallpa, y que el plazo de prisión se compute desde su detención y traslado al penal correspondiente. Además, la resolución judicial instruye a la Oficina de Requisitorias de Lima, a la Oficina de Requisitorias de la Corte Superior de Justicia y a la Comisaría Sectorial de Contamana para que colaboren en la ubicación y captura del investigado, garantizando así que se haga efectiva la medida y se protejan los derechos de la víctima.


La magistrada valoró los elementos de convicción que vinculan al imputado con los hechos denunciados. Además, consideró que la posible pena máxima aplicable a Gutapaña Gómez sería de cadena perpetua. Esta valoración integral de las pruebas y del marco normativo correspondiente sustentan la decisión judicial adoptada.


¿Qué pasó?


Según la tesis fiscal, los hechos comenzaron en el año 2022 en el Centro Poblado de José Olaya, en el distrito de Inahuaya, cuando la menor agraviada de iniciales B.F.M.E., con tan solo 10 años, fue abordada por el investigado, quien aprovechó la cercanía familiar debido a que es pareja sentimental de la prima de la menor. El imputado comenzó a enamorarla, indicando que cuando cumpliera 15 años se irían a vivir juntos fuera de la localidad y que dejaría a su pareja por ella.


Durante los años 2022, 2023 y 2024, la Fiscalía ha determinado que mantuvieron relaciones sexuales, de forma reiterada. Estas relaciones ocurrieron principalmente en la vivienda de la menor, aprovechando que el padre de la menor salía a colocar su red de pescar en el río Ucayali y ella quedaba sola en el hogar.


El día 11 de octubre de 2024, conforme el requerimiento fiscal, la hermana de la menor agraviada notó que B.F.M.E. presentaba un comportamiento extraño: no quería comer, permanecía llorando, estaba triste y mostraba rechazo hacia cualquier olor o alimento. Preocupada por su estado, le compró un test de embarazo, el cual resultó positivo. Al preguntarle quién era el padre, la menor respondió que se trataba de Gutapaña Gómez, con quien había tenido relaciones sexuales.



Fundamentos judiciales


Para la Judicatura, existen fundados y graves elementos de convicción como el testimonio de la menor, quien describe detalladamente los abusos sexuales, el certificado médico legal, que confirma signos de acto sexual, y la copia certificada de la historia clínica, en donde se aprecia que la menor ingresó en un proceso de gestación. La jueza considera que estos elementos proporcionan un alto grado de probabilidad de que el imputado sea el autor del delito de violación sexual.


Acerca de la prognosis de la pena, el Juzgado no solo debe revisar la pena conminada, sino que, además debe analizar la pena probable a imponerse al imputado. En este caso, la jueza tomó en cuenta que el delito de violación sexual de menor de 14 años que se le atribuye al investigado se sanciona con una pena de cadena perpetua.


Respecto al arraigo domiciliario, familiar y laboral del imputado, la defensa no presentó documentación que evidencie su arraigo. Por ello, la jueza considera que la defensa técnica no logró desvirtuar la tesis del peligro procesal planteada por el fiscal, concluyendo que el imputado tendría la facilidad de abandonar el país o mantenerse oculto para evadir su responsabilidad.