Dictan prisión preventiva a mujer tras hallazgo de arma y municiones en su domicilio durante operativo

Nota de prensa
Dictan prisión preventiva a mujer tras hallazgo de arma y municiones en su domicilio durante operativo

Oficina de Imagen Institucional

11 de junio de 2025 - 5:39 p. m.



El Juzgado de Investigación Preparatoria de Puerto Inca, a cargo del magistrado Henry Paul Valladares Laurencio, dictó seis meses de prisión preventiva contra Ruth Yeraldin Poniro Castro, investigada por el presunto delito de fabricación, comercialización, uso o porte de armas, en agravio del Estado. La medida fue dispuesta tras su detención el 5 de junio, cuando agentes de la DIRANDRO y la Fiscalía Contra la Criminalidad Organizada hallaron un arma de fuego y municiones durante un registro domiciliario ejecutado en su vivienda del distrito de Constitución.


¿Qué pasó?



Conforme la tesis fiscal, el 5 de junio de 2025, agentes de la DIRANDRO y la Fiscalía Contra la Criminalidad Organizada intervinieron un inmueble en la Asociación de Vivienda Cartagena, distrito de Constitución, en cumplimiento de una orden judicial.


Durante el operativo, se halló una munición sobre un mueble en el primer piso y, en el segundo piso, un arma de fuego marca TANFOGLIO con cacerina y diez municiones calibre 9mm, ocultas en una bolsa. La ocupante del domicilio, Ruth Yeralin Poniro Castro, negó ser propietaria del arma, pero fue detenida por encontrarse inmersa en la presunta comisión del delito de fabricación, comercialización, uso o porte de armas.


Fundamentos judiciales


De acuerdo con lo que se consignó en el acta de allanamiento, registro domiciliario, detención, incautación de especies y lacrado, durante la diligencia se encontró una considerable suma de dinero en efectivo. Para la Judicatura, este hallazgo, sumado a la falta de acreditación de arraigo laboral por parte de la investigada, refuerza la presunción de que contaría con medios económicos suficientes para evadir la acción de la justicia.


En cuanto a la gravedad de la pena, el juzgado considera que la pena privativa de libertad no sería menor de ocho años. Este factor podría generar en la imputada un mayor riesgo de fuga, razón por la cual se considera necesario asegurar su presencia en el proceso penal, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los fines del mismo y la eventual determinación de responsabilidad penal.