Juzgado de Masisea dicta medidas de protección para menor embarazada víctima de violencia sexual

Con el objetivo de proteger la integridad emocional, psicológica y sexual de una adolescente, el Juzgado de Paz Letrado del distrito de Masisea, a cargo del juez Jaime Humberto Villa Ríos, dictó medidas de protección a favor de una menor de 14 años, quien se encuentra embarazada como resultado de una presunta agresión sexual denunciada por el Servicio de Atención Rural de Masisea. El presunto agresor fue identificado como Deyman Eli Ventura Martínez (20).


¿Qué pasó?


El Servicio de Atención Rural de Masisea presentó una denuncia por violencia sexual en agravio de la menor de iniciales S.L.M.V. (14), quien actualmente cuenta con aproximadamente 37 semanas de gestación. El embarazo habría sido consecuencia de una presunta agresión sexual perpetrada por Deyman Eli Ventura Martínez (20).


Según los informes, los hechos ocurrieron en el mes de septiembre de 2024, cuando el denunciado, aprovechándose de la minoría de edad y situación de vulnerabilidad de la menor, habría cometido actos de violación sexual. Como resultado de estos actos, la menor quedó embarazada, situación que fue detectada durante una evaluación médica realizada en el Puesto de Salud San Pedro Inumapuya.


Dicha institución procedió a reportar el caso al Centro de Salud de Masisea, siguiendo los protocolos establecidos para la notificación de casos de violencia contra menores de edad.


Medidas de protección


Tras dictar las medidas de protección, el juez ordenó durante el periodo de 12 meses el retiro del hogar convivencial por parte del denunciado, en caso de que la agraviada se encuentre viviendo en dicho domicilio al momento de la ejecución de dicha medida. Asimismo, dispuso el impedimento por parte del denunciado a ejercer cualquier tipo de intimidación, represalia o victimización reiterada o nuevos actos de violencia familiar.


Además, el magistrado prohibió todo tipo de acercamiento o proximidad del denunciado hacía la menor agraviada, estableciendo un perímetro de 300 metros alrededor del domicilio donde esta se encuentre, así como de cualquier otro lugar donde desarrolle sus actividades cotidianas. Ordenó la realización de patrullajes preventivos por parte del personal policial de la Comisaría del sector, durante el periodo de vigencia de las medidas de protección.


Para la emisión de las presentes medidas de protección, la Judicatura consideró que la menor tenía 13 años al momento de los hechos, lo que dio lugar a su actual estado de gestación. Esta circunstancia puso en evidencia la necesidad urgente de adoptar medidas destinadas a resguardar su integridad física y emocional, mientras se desarrollan las investigaciones penales a cargo del Ministerio Público.


En este contexto, el juez valoró la situación de especial vulnerabilidad de la agraviada, derivada de su minoría de edad, su embarazo y la grave afectación a su indemnidad sexual sufrida durante los hechos investigados.