Juzgado dictó 9 meses de prisión preventiva a madre e hijo investigados por microcomercialización de drogas y tenencia ilegal de armas

La jueza del Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de Campo Verde, Dra. Mayra del Pilar Rodríguez Pérez, declaró fundado el requerimiento de prisión preventiva contra los investigados María Luz Zevallos Sumarán y Jaime Maykion Atanacio Zevallos, por la presunta comisión del delito contra la salud pública en la modalidad de microcomercialización de drogas, en concurso real con el presunto delito contra la seguridad pública en la modalidad de tenencia ilegal de armas y municiones.


En consecuencia, se dictó prisión preventiva por un periodo de nueve meses para ambos investigados. Asimismo, se ordenó su internamiento en el establecimiento penitenciario de Pucallpa, disponiéndose la remisión de los oficios correspondientes para el cumplimiento de la medida. El cómputo del plazo de prisión preventiva se inicia desde la fecha de su detención, es decir desde el 02 de mayo de 2025, y se extiende hasta el 01 de febrero de 2026.



¿Qué pasó?


El Ministerio Público indicó que, el pasado 02 de mayo, alrededor de las 9:30 p.m., personal policial de la Comisaría de Curimaná, mientras realizaba patrullaje preventivo por las calles del distrito, fue alertado por fuentes humanas sobre la presunta venta de estupefacientes por parte de personas inescrupulosas. Ante esta información, los agentes se dirigieron al jirón Neshuya, donde intervinieron una vivienda, logrando la detención de tres personas: una mujer y dos varones, uno de ellos menor de edad.


Durante el operativo, fueron detenidos María Luz Zevallos Sumarán (42), alias "La Tía", Jaime M. Atanacio Zevallos (20), alias "Tripa", y un adolescente de 16 años. Según el reporte fiscal, al notar la presencia policial, la mujer ingresó de manera apresurada al baño con pequeños objetos en la mano, que intentó desechar por el desagüe. Al menor intervenido se le halló en posesión de presunta pasta básica de cocaína (PBC).


Asimismo, durante el registro del inmueble, se incautaron diversas sustancias ilícitas, incluyendo PBC y marihuana, ocultas en distintos ambientes de la vivienda. También se encontraron una escopeta hechiza, dinero en efectivo, celulares inoperativos, tabletas electrónicas, sustancias químicas y otros elementos vinculados a la microcomercialización de drogas, según lo sustentado por el fiscal a cargo del caso.


Fundamentos judiciales


El Juzgado ha verificado que el Ministerio Público ha justificado de manera clara y detallada la necesidad de un plazo de nueve meses de prisión preventiva, vinculado a la culminación de los actos probatorios y la realización del juicio oral. Este plazo se considera razonable y acorde con los principios de proporcionalidad y razonabilidad exigidos en la normativa nacional e internacional.


Asimismo, la duración de la medida se encuentra debidamente fundamentada en los principios del derecho procesal penal garantizando la continuidad del proceso. Los argumentos de la defensa no lograron desvirtuar los fundamentos sólidos presentados por el Ministerio Público. En consecuencia, el Juzgado considera que la imposición de prisión preventiva por el plazo de nueve meses resulta adecuada y necesaria para el éxito del proceso penal.