Juzgado de Puerto Inca amplia medidas de protección para víctima de violencia familiar
Nota de prensa
26 de febrero de 2025 - 8:30 p. m.
En el proceso judicial que se le sigue a Miguel Polinar Villanueva, la magistrada Libaña Rubi Cullqui Pérez del Juzgado Mixto de Puerto Inca ha sustituido y ampliado las medidas de protección a favor de la víctima, debido a presuntos actos de violencia psicológica.
Entre las medidas adoptadas, se incluye el retiro inmediato del denunciado del hogar de la víctima y la prohibición de su retorno, bajo advertencia de sanciones por incumplimiento. Además, se prohíben actos de violencia, altercados y represalias, y se establece una distancia mínima de 300 metros. Asimismo, las autoridades competentes, como la Policía Nacional y el Centro de Emergencia Mujer, han sido notificadas para asegurar el cumplimiento de estas medidas y el seguimiento del caso.
Según la denuncia verbal, el 3 de febrero de 2025, a las 11:00 p.m., el incidente ocurrió dentro de su domicilio, en la sala. En ese momento, el denunciado, quien recién llegaba del trabajo, amenazó con matar a toda su familia, advirtiendo que quemaría la casa con sus hijos dentro y que luego se quitaría la vida para evitar ser encarcelado. Estas amenazas fueron proferidas en presencia de sus hijos.
Existe un expediente previo N° 50-2025-0-2401-JM-FT-01 en el que la víctima ya había interpuesto una denuncia por violencia física y psicológica por los hechos ocurridos el 23 de enero de 2025, y se habían dictado medidas de protección. Dado que la nueva denuncia es por hechos ocurridos en la misma jurisdicción, se ha decidido acumular este proceso al expediente.
La jueza considera que el relato de los hechos denunciados encuadran dentro de una relación de convivencia conflictiva. Un informe psicológico ha confirmado la afectación emocional cognitiva y conductual de la víctima, debido a la violencia psicológica sufrida, que incluye humillaciones, amenazas, chantaje emocional y destrucción de objetos dentro del hogar. Estos comportamientos han sido evaluados como un nivel riesgo severo para la integridad de la víctima, sugiriendo una alta probabilidad de ocurrencia de nuevos hechos violentos.
El caso se tramita como un proceso de tutela urgente con medidas preventivas para interrumpir el ciclo de violencia y garantizar la protección de los derechos de la víctima. En esta etapa, la intervención del juez es de carácter preventivo, correspondiéndole dictar las medidas de protección adecuadas según las circunstancias del caso. Por su parte, el Ministerio Público conducirá la investigación penal y, de ser necesario, promoverá la acción penal, quedando a cargo del juez la emisión de la sentencia en su debido momento.
Con esta decisión, la Corte Superior de Justicia de Ucayali busca garantizar la seguridad de la víctima y sus hijos, reafirmando su compromiso en la lucha contra la violencia familiar y el acceso a una justicia efectiva para quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.
Entre las medidas adoptadas, se incluye el retiro inmediato del denunciado del hogar de la víctima y la prohibición de su retorno, bajo advertencia de sanciones por incumplimiento. Además, se prohíben actos de violencia, altercados y represalias, y se establece una distancia mínima de 300 metros. Asimismo, las autoridades competentes, como la Policía Nacional y el Centro de Emergencia Mujer, han sido notificadas para asegurar el cumplimiento de estas medidas y el seguimiento del caso.
Según la denuncia verbal, el 3 de febrero de 2025, a las 11:00 p.m., el incidente ocurrió dentro de su domicilio, en la sala. En ese momento, el denunciado, quien recién llegaba del trabajo, amenazó con matar a toda su familia, advirtiendo que quemaría la casa con sus hijos dentro y que luego se quitaría la vida para evitar ser encarcelado. Estas amenazas fueron proferidas en presencia de sus hijos.
Existe un expediente previo N° 50-2025-0-2401-JM-FT-01 en el que la víctima ya había interpuesto una denuncia por violencia física y psicológica por los hechos ocurridos el 23 de enero de 2025, y se habían dictado medidas de protección. Dado que la nueva denuncia es por hechos ocurridos en la misma jurisdicción, se ha decidido acumular este proceso al expediente.
La jueza considera que el relato de los hechos denunciados encuadran dentro de una relación de convivencia conflictiva. Un informe psicológico ha confirmado la afectación emocional cognitiva y conductual de la víctima, debido a la violencia psicológica sufrida, que incluye humillaciones, amenazas, chantaje emocional y destrucción de objetos dentro del hogar. Estos comportamientos han sido evaluados como un nivel riesgo severo para la integridad de la víctima, sugiriendo una alta probabilidad de ocurrencia de nuevos hechos violentos.
El caso se tramita como un proceso de tutela urgente con medidas preventivas para interrumpir el ciclo de violencia y garantizar la protección de los derechos de la víctima. En esta etapa, la intervención del juez es de carácter preventivo, correspondiéndole dictar las medidas de protección adecuadas según las circunstancias del caso. Por su parte, el Ministerio Público conducirá la investigación penal y, de ser necesario, promoverá la acción penal, quedando a cargo del juez la emisión de la sentencia en su debido momento.
Con esta decisión, la Corte Superior de Justicia de Ucayali busca garantizar la seguridad de la víctima y sus hijos, reafirmando su compromiso en la lucha contra la violencia familiar y el acceso a una justicia efectiva para quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.