Juez dicta medidas de protección para madre e hija víctimas de actos de violencia

El Juzgado de Paz Letrado de Masisea, presidido por el juez Jaime Humberto Villa Ríos, ha dictado medidas de protección a favor de Senia Teresa Vargas Flores (30 años) y su hija menor de 11 años. Esta decisión se da tras una denuncia presentada contra un adolescente de 17 años con quien la denunciante mantenía una relación convivencial. La denuncia detalla actos de violencia física, psicológica y sexual en agravio de la madre, así como violencia psicológica y sexual en perjuicio de la menor.

Hechos

El pasado 3 de febrero, la agraviada Vargas Flores presentó una denuncia en la comisaría del distrito, señalando que había sido víctima de su conviviente, un menor de 17 años. Este último la habría agredido físicamente y la obligó a mantener relaciones contra su voluntad, todo ello en presencia de su hija menor de 11 años.

El incidente comenzó cuando la víctima estaba preparando el desayuno en su domicilio. El agresor llegó y le ordenó con palabras soeces que preparara mazamorra del sajino que tienen como mascota. La denunciante respondió que lo haría más tarde, lo cual provocó que el agresor le propinara una cachetada. Tras esto, ella cayó al suelo mientras él continuaba insultándola y golpeándola.

Además, las agresiones no cesaron ese día. En horas nocturnas, el denunciado regresó para volver a atacar a la agraviada, circunstancia que aprovechó para mantener relaciones sexuales con la víctima contra su voluntad. Al día siguiente, Vargas Flores fue a la comisaría del sector para asentar la denuncia del caso.

Asimismo, en las oficinas de OMAPED y DEMUNA de la Municipalidad Distrital de Masisea se registró una denuncia según la cual la menor había manifestado que su padrastro, el menor de edad denunciado, le realizó tocamientos indebidos sin su consentimiento el 4 de febrero de 2025. Esto ocurrió mientras ella se preparaba para salir del domicilio ubicado en el distrito de Masisea. Según los hechos relatados, él le agarró las caderas por detrás y tocó sus nalgas.

Tras analizar los hechos, el Juzgado determinó que la denunciante había sido víctima de agresiones reiteradas, creando un ambiente de violencia constante en el hogar. Esto no solo afectó a ella sino también al desarrollo psicológico de la menor, quien fue testigo directo.

El Juzgado ordenó al adolescente retirarse del hogar convivencial y le impidió ejercer actos de intimidación o represalia contra las víctimas. Además, se le prohibió acercarse a un radio de 300 metros de sus domicilios, centros educativos o laborales y comunicarse con ellas. Se dispuso ronda y patrullaje policial diaria durante 12 meses en el domicilio de las agraviadas y tratamiento psicológico para las víctimas y terapéutico para el agresor en el Centro de Salud local.

Además, se notificó la resolución a la Fiscalía Provincial de Familia, a efectos de que tome conocimiento de la decisión judicial en el marco del proceso de investigación que ya viene realizándose por ser el agresor un menor de edad.

Sin embargo, hasta ahora las víctimas no han sido localizadas. La Comisaría inició una búsqueda tras no encontrarlas en su domicilio por la mañana del 05 de febrero, cuando debían ser trasladadas a Pucallpa para diligencias legales y una entrevista en cámara Gesell.

Hasta la fecha de emisión de esta nota, se informa que la denunciante y su hija menor no han sido localizadas. El 5 de febrero de 2025, cuando estaban programadas para ser trasladadas a Pucallpa para diligencias legales y una entrevista en cámara Gesell, no fueron encontradas en su domicilio. En respuesta, la Comisaría de Masisea inició una búsqueda exhaustiva.

Por su parte, el juez dispuso que se agoten los medios de búsqueda y ubicación de las víctimas con el objetivo de garantizar su seguridad. Esto permitirá completar las diligencias requeridas por la Fiscalía de Familia para sustentar adecuadamente la denuncia ante el Juzgado de Familia correspondiente.