Dictan ocho meses más de prisión preventiva a exgobernador regional Francisco Pezo

La jueza Ángela Zamudio Navarro prolongó por ocho meses adicionales la prisión preventiva contra el exgobernador regional de Ucayali, Francisco Pezo Torres, investigado por los delitos de organización criminal y colusión agravada. La medida que se viene cumpliendo en el Penal de Pucallpa culminará el 13 de agosto de 2025.

El Ministerio Público justificó su petición de 18 meses más en la complejidad del caso, derivada de la incorporación de nuevos imputados y hechos adicionales desde el 2021, lo que extendió los plazos necesarios para completar diligencias. La judicatura, tras verificar los argumentos, consideró que las demoras respondieron a la necesidad de realizar otros actos de investigación de los que ya estaban programadas.

Sin embargo, en 2024, el juzgado observó una ralentización en algunas diligencias debido a limitaciones administrativas y de personal. Pese a ello, el Ministerio Público continuó ampliando la investigación preparatoria para incluir nuevos imputados y hechos, así como programando diligencias. La jueza precisó que la prolongación inicial de la investigación fue justificada, pero no argumentaban una prolongación excesiva de la medida.

A fin de garantizar el derecho a la libertad del imputado, el juzgado optó por declarar fundado en parte el pedido de Fiscalía y establecer un plazo razonable –ocho meses-. Además, precisó que el imputado presenta riesgos procesales relacionados con su comportamiento evasivo, antecedentes de fuga y la gravedad de los delitos imputados, los cuales podrían implicar una pena severa y efectiva, reforzando la necesidad de la medida para garantizar su presencia en el proceso.

Pezo Torres está siendo investigado por presuntamente liderar una organización criminal llamada "Los Panchos Villa", que operaba dentro del Gobierno Regional de Ucayali desde que Pezo asumió el cargo en 2019. Según la fiscalía, Pezo habría favorecido a empresarios que financiaron su campaña electoral, entre ellos José Villacorta Montoya, adjudicándoles contratos públicos de forma direccionada y sobrevalorada. Las investigaciones apuntan a que Villacorta, quien utilizó diversas razones sociales para asegurarse las licitaciones, pagaba un porcentaje de estos contratos a las autoridades regionales como parte de un acuerdo de soborno.

Según un colaborador eficaz, Pezo y Villacorta establecieron un acuerdo en el que el empresario recibiría adjudicaciones y, a cambio, entregaría mensualmente "diezmos" de 20,000 soles a Pezo, para los gastos de su gestión. El Ministerio Público precisó que los sobrecostos y pagos ilegales, generó perjuicios al Estado por un monto superior a los 5 millones de soles.