Juzgado Unipersonal condena a excustodio por apropiación indebida de vehículo intervenido

El Tercer Juzgado Penal Unipersonal, a cargo de la jueza Ana Bedoya Maque condenó por peculado por extensión en agravio del Estado al exregidor de Atalaya, Smith Rudi Rodríguez Calderón a una pena privativa de la libertad de cuatro años, la cual fue suspendida por un plazo de tres años, bajo estrictas reglas de conducta. Esto luego que no devolviera un vehículo oportunamente, que estaba bajo su cuidado como custodio, según fiscalía.

Entre las condiciones impuestas, Rodríguez Calderón deberá cumplir con la prohibición de ausentarse de su residencia sin autorización judicial, así como comparecer mensualmente ante el juzgado para informar sobre sus actividades. Además, se le exige reparar el daño causado por el delito, bajo el apercibimiento de que, de no cumplir con las reglas, la pena será ejecutada de manera efectiva.

Asimismo, se le impuso una inhabilitación de cuatro años, durante los cuales se le prohíbe ocupar cargos públicos, pagar una multa de S/ 1,395 (equivalente a 180 días de multa), que será destinada al Estado y una reparación civil de S/ 2,000.

El 31 de enero de 2021 en Atalaya, personal de la Policía intervino al vehículo que era conducido por Rodríguez Calderón. El conductor fue detenido por no contar con autorización para transitar durante el toque de queda, y al ser registrado, se le encontró un arma de fuego en su poder. En ese momento, la Fiscalía Provincial Penal de Atalaya inició una investigación preliminar contra Rodríguez Calderón por el delito de fabricación, comercialización, uso o porte de armas.

En febrero de 2021, tras la intervención, el vehículo que conducía fue entregado a Rodríguez Calderón en calidad de custodia, según lo dispuesto por la Fiscalía. No obstante, un año después, en enero de 2022, la propietaria legítima del vehículo, Nerida Elsa Astahuaman Avellaneda, solicitó la devolución de su bien. Sin embargo, Rodríguez Calderón, pese a haber recibido varios requerimientos fiscales entre enero y septiembre de 2022, no devolvió el vehículo, lo que generó que el Ministerio Público tomara medidas más severas.

Ante la presunta negativa reiterada de Rodríguez Calderón, la fiscal del caso emitió una disposición en septiembre de 2022 ordenando la remisión de los actuados a la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios Ucayali, señalando que, hasta esa fecha, el acusado no había cumplido con devolver el vehículo.

El peculado por extensión es un tipo de delito que ocurre cuando un funcionario público o una persona que tiene a su cargo bienes del Estado, se apropia, malversa o usa esos bienes de manera indebida, incluso si no son directamente suyos, sino que están bajo su custodia o administración debido a su cargo.