Anulan fallo que dejó en libertad a empresario investigado por colusión y organización criminal

La Primera Sala Penal de Apelaciones de Ucayali anuló la resolución que declaraba infundado el requerimiento de prisión preventiva contra Florencio Galarza Pardave, empresario investigado por los delitos de organización criminal y colusión agravada en agravio de la Municipalidad Distrital de Neshuya. En consecuencia, la Sala ordenó que un nuevo juez de investigación preparatoria lleve a cabo una nueva audiencia de prisión preventiva. Mientras tanto, el imputado permanecerá en libertad bajo medidas de comparecencia con restricciones.

La Sala, integrada por los jueces superiores Frederick Rivera Berrospi, Hermogenes Lima Chayña y Marco Espíritu Matos, decidió anular la resolución emitida el 7 de septiembre de 2024, debido a que según su criterio, del Juzgado de Investigación Preparatoria de Aguaytía no realizó un análisis integral ni exhaustivo de los presupuestos necesarios para valorar el peligro procesal, conforme al artículo 268 del Código Procesal Penal. Específicamente, detectaron deficiencias en la valoración del peligro de fuga y del peligro de obstaculización, lo que afectó la correcta aplicación de la norma.

En cuanto al peligro de fuga, el juez de primera instancia consideró que Galarza Pardave contaba con arraigos domiciliarios, familiares y laborales, basándose en documentos presentados durante la audiencia. Sin embargo, su análisis fue genérico, limitándose a aceptar los argumentos sin precisar qué documentos acreditaban dichos arraigos. Además, omitió evaluar otros factores relevantes, como la gravedad de la pena, el comportamiento del imputado antes y durante el procedimiento, su capacidad para evitar el proceso judicial y la naturaleza de los hechos imputados, que incluyen delitos como organización criminal y colusión.

Asimismo, respecto al peligro de obstaculización, el juez desestimó este presupuesto basándose únicamente en el argumento de la defensa, que alegaba que Galarza Pardave había solicitado ser colaborador eficaz. Sin embargo, dicha afirmación no fue respaldada con documentación acreditada en los actuados, y el representante del Ministerio Público manifestó desconocer esta solicitud. Además, el fiscal aportó elementos que indicaban intentos de borrar pruebas a través de terceros, los cuales no fueron considerados ni analizados de manera adecuada.

La Sala también observó que el juez de primera instancia no valoró de forma conjunta todos los elementos aportados por el Ministerio Público, limitándose a un análisis aislado y fragmentado de los arraigos. Este enfoque es incompatible con la exigencia de un examen integral de los presupuestos del peligro de fuga, que incluye tanto los arraigos como otros criterios, como la personalidad del imputado, sus vínculos con organizaciones criminales y el daño causado por los hechos.

Además, la resolución recurrida presentó vicios de nulidad al no garantizar el respeto a los derechos y garantías fundamentales establecidas en la Constitución.

De acuerdo a la tesis fiscal, varios proyectos de infraestructura en el distrito de Neshuya, provincia de Padre Abad, Ucayali, habrían sido afectados por prácticas irregulares durante el proceso de contratación para la elaboración de expedientes técnicos. La fiscalía señala que funcionarios municipales habrían direccionado adjudicaciones a empresas vinculadas a un mismo círculo familiar, manipulación que compromete la transparencia y la correcta utilización de los recursos públicos.

Uno de los casos señalados es el proyecto de "Reparación de superficie de rodadura en la carretera Virgen de Fátima - Puente Raya". Según las investigaciones fiscales, la adjudicación fue otorgada a la empresa Construcciones y Servicios Zevallos SAC, dirigida por Margarita Clemencia Vilca Zevallos. Esta empresa, junto con Grupo Consultores Constructora e Inmobiliaria Tocare SAC, dirigida por Viviana Guillen Vilca, quien además es hija de Margarita Clemencia, habrían concertado precios entre ellas para asegurar que la propuesta de Guillen Vilca fuera la ganadora, pese a que las ofertas presentadas mostraban poca diferencia en sus valores.

Pruebas y vínculos según fiscalía

Este patrón de irregularidades presuntamente también se repitió en otros proyectos de infraestructura, como la reparación de la calzada en las calles San Juan, Junta Vecinal Campesinos, y en la carretera UC-560-CAS Nuevo San Martín. En todos los casos, las empresas involucradas tienen vínculos directos con Florencio Galarza Pardavé, quien, según la fiscalía, sería el operador detrás de las empresas implicadas. Además de las relaciones personales, la dirección fiscal de las empresas Consultores Eykrey SAC y Grupo Consultores SA&SA SAC se encuentra vinculada a propiedades que fueron alquiladas por Galarza Pardavé y su conviviente Viviana Guillen Vilca, de acuerdo a lo que se lee en el requerimiento del Ministerio Público.

Los montos adjudicados en estos contratos, según la precisión del Ministerio Público oscilaban entre S/ 15,000 y S/ 25,000, no corresponderían con los trabajos que se solicitaban.