Condenan a exfuncionarios del Gobierno Regional de Ucayali por colusión y perjuicio al Estado

La jueza Ana Bedoya Maque, del Tercer Juzgado Penal Unipersonal especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, en adelanto de fallo, condenó a Lutgardo Gutiérrez Valverde, ex vicepresidente del Gobierno Regional de Ucayali; José Alberto Chocano Figueroa, exgerente de Infraestructura; y Rafael Pinedo Sáromo, exdirector de la Unidad de Supervisión de Obras, por el delito de colusión. La pena impuesta fue de dos años y tres meses de pena privativa de libertad suspendida y el pago de S/ 10,000 por reparación civil en favor del Estado, por hechos ocurridos en el 2008.

Debido a que la pena es suspendida, los condenados deberán cumplir reglas de conducta, entre ellas: firmar mensualmente ante el control judicial, permanecer en su lugar de residencia y comunicar cualquier cambio de domicilio al juzgado, presentarse cuando sean requeridos por la justicia, y reparar el daño ocasionado. Asimismo, estarán inhabilitados, durante el término de la condena, para postular a cargos públicos o desempeñarse como funcionarios públicos. Cabe indicar que, en el proceso, la jueza absolvió a Tony García Salazar, al no hallarse elementos suficientes para determinar su participación en los hechos investigados.

Según el Ministerio Público en agosto de 2008 se instaló el Comité Especial del Gobierno Regional de Ucayali para conducir el proceso de Adjudicación Directa Pública N° 015-2008-GRU-P-CE, destinado a la adquisición de motocicletas y otros recursos para seguridad ciudadana. El comité estaba presidido por el Rafael Pinedo y los miembros Carlos Edmundo Cáceres Domínguez y Tony García. Se convocaron varios ítems, entre ellos motocicletas lineales de 200, teléfonos celulares, cámaras de video vigilancia y fumadoras.

La adjudicación de la buena pro fue otorgada a INVERSIONES MAX EIRL para la compra de 26 motocicletas, con un costo total de S/ 130,000. Sin embargo, la entrega efectiva de los bienes estuvo marcada por presuntamente múltiples irregularidades. Fiscalía señaló que el contrato se firmó el 17 de septiembre de 2008, y la proveedora se comprometió a entregar las motocicletas en un plazo de diez días tras recibir la orden de servicio. No obstante, el plazo para la entrega se extendió repetidamente, y las motocicletas recién fueron entregadas el 16 de diciembre de 2008.

El 12 de noviembre de 2008, la empresa informó que las motocicletas estaban en proceso de desaduanaje en el puerto del Callao, Lima, y se comprometió a entregar los bienes en diciembre, lo que fue interpretado como una falta de justificación válida. A pesar de esta irregularidad, se suscribió una adenda al contrato, permitiendo un adelanto del 30% del monto contratado para facilitar la entrega de los bienes.

De acuerdo a lo señalado por el Ministerio Público, el incumplimiento de la proveedora y la falta de acción del Gobierno Regional llevaron a la firma de un contrato complementario el 30 de diciembre de 2008 para la compra de cinco motocicletas adicionales. Esta compra también se realizó con retraso y sin la aplicación de penalidades por demora. Una vez entregadas las motocicletas, fiscalía precisa que estas no se destinaron a la seguridad ciudadana como se había previsto. Según el acta de recepción de febrero de 2009, los bienes fueron distribuidos en diversas oficinas administrativas del Gobierno Regional de Ucayali, como la de Servicios Auxiliares, Administración del Programa Desarrollo Comunal, y la Oficina de Control Patrimonial, entre otras.

“Además, el precio pagado por cada motocicleta fue considerablemente superior al precio real. Se pagó S/ 5,000 por unidad, mientras que el precio real de cada motocicleta era de aproximadamente S/ 2,900. Esta sobrevaloración resultó en un perjuicio económico al Estado de S/ 65,100 soles. Finalmente, la capacitación prometida por la proveedora, que consistía en ocho horas (cuatro teóricas y cuatro prácticas) por un ingeniero mecánico, nunca se cumplió. En su lugar, se proporcionó una capacitación por un profesional con una formación técnica en electricidad, lo que compromete el mantenimiento adecuado de las motocicletas y, por ende, su eficacia en el uso para seguridad ciudadana”, se señala en el requerimiento de acusación.