Exfuncionarios de Atalaya fueron condenados a prisión suspendida por proyecto de saneamiento

En un adelanto de fallo, la jueza Ana Bedoya Maque, del Tercer Juzgado Penal Unipersonal especializado en delitos de corrupción de funcionarios, condenó a exfuncionarios de la Municipalidad Provincial de Atalaya a una pena de cuatro años y ocho meses de prisión suspendida y al pago de una reparación civil solidaria de S/ 100 mil, por el delito de colusión agravada. Fredy Delgado Monteza, Marino Jamanca Pariamachi, Magaly Delicia Valladares Pérez y Raúl Edmundo Gonzales Haro fueron sentenciados como autores del delito, mientras que Jaime Augusto Liza Ordoñez y Juan Krun Castagne Pinedo recibieron condena en calidad de cómplices extraneus.

La pena de cárcel fue suspendida bajo un periodo de prueba de tres años, condicionado al cumplimiento de varias reglas de conducta. Los sentenciados deberán residir en sus domicilios sin ausentarse sin autorización judicial, presentarse mensualmente al juzgado y cumplir con el pago de la reparación civil. Además, se les ha prohibido cometer nuevos delitos, con la advertencia de que cualquier incumplimiento de estas disposiciones resultará en la ejecución de la pena de manera efectiva previo requerimiento fiscal.

Como parte de la condena, también se impuso la inhabilitación para ejercer cargos públicos por el mismo periodo de la condena, y el pago de la reparación civil de S/ 100 mil deberá ser cubierto de forma solidaria entre los sentenciados, con el fin de resarcir el perjuicio causado a la Municipalidad Provincial de Atalaya.

Fiscalía en su acusación, citó a un informe de auditoría del 4 de septiembre de 2018, emitido por la Contraloría General de la República, que reportó irregularidades en el proyecto de "Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario" en el distrito de Sepahua, provincia de Atalaya. La investigación denunció un presunto perjuicio económico al Estado, estimado en S/ 1'997,553.15, debido a modificaciones injustificadas en el diseño original del proyecto y la construcción de infraestructura que no cunplía con los estándares ni objetivos iniciales de la obra.

Según fiscalía, este proyecto, ejecutado por la Municipalidad Provincial de Atalaya entre el 1 de noviembre de 2011 y el 20 de enero de 2017, incluyó cambios en el plan de captación de agua. En lugar de ejecutar el sistema previsto en la catarata Doncella de Katagiru, se construyeron dos pozos tubulares en Sepahua, una solución más económica pero de menor calidad. Como resultado, la población quedó con un servicio que no cumple con las necesidades ni expectativas establecidas.

Además, el proyecto contemplaba un reservorio elevado y mejoras en el reservorio existente, sin embargo, estos sistemas no fueron puestos en funcionamiento debido a su baja efectividad para distribuir agua a la población. A esto se sumó la sustitución de una planta de tratamiento de aguas residuales por una estructura compacta tipo HBC, la cual, según la Contraloría, no cumple con los estándares mínimos de la Ley de Contrataciones del Estado, afectando la calidad y seguridad del sistema de saneamiento.

En cuanto a la supervisión y recepción de la obra, el informe precisó que el Comité de Recepción firmó el acta de recepción en 2015, a pesar de que varios componentes del proyecto no estaban concluidos. Este acto evidenció, según el informe, una posible negligencia administrativa. Por otra parte, la carta fianza de la obra venció sin ser renovada, lo que dejó al Estado sin posibilidad de reclamar la garantía ante el incumplimiento del contratista, generando una pérdida adicional de S/ 929,031.93.

La fiscalía señaló directamente a varios funcionarios de la municipalidad de Atalaya, entre ellos Fredy Delgado Monteza, entonces gerente de Obras y Desarrollo Urbano, quien habría solicitado cambios en el proyecto mediante la Carta Nro. 256-2012-GODU-MPA. Delgado Monteza habría aprobado la construcción de los pozos tubulares en Sepahua, pese a que inicialmente dio conformidad al expediente técnico original y fue advertido por el consultor del proyecto sobre los riesgos de esta alteración.

Otro implicado es Marino Jamanca Pariamachi, quien habría aceptado ser presidente del Comité de Recepción de la Obra en 2014. Según el informe, Jamanca habría suscrito el Acta de Recepción de Obra en 2015, a pesar de conocer que aún había partidas por ejecutar. Además, consignó información presuntamente falsa en las actas de monitoreo y reunión del comité, asegurando que varias observaciones ya habían sido atendidas, aunque sabía que no se habían completado.

Por su parte, Magaly Delicia Valladares Pérez, subgerente de Supervisión y Liquidación de Obras, también fue señalada como parte de la presunta red de corrupción. Valladares habría suscrito el acta de recepción de la obra a sabiendas de que el proyecto no estaba culminado. Incluso, emitió informes donde comunicó falsamente que la obra estaba concluida, cuando en realidad aún quedaban tareas pendientes y fallas estructurales.

El informe menciona igualmente a Raúl Edmundo Gonzales Haro, supervisor y miembro del Comité de Recepción de Obra, quien, a pesar de conocer las limitaciones del sistema de pozos, avaló la interconexión de las redes de agua al reservorio ya existente, operado por la Municipalidad Distrital de Sepahua. Gonzales también habría validado pagos al contratista, ignorando las observaciones previas sobre fallos y obras inconclusas.

Jaime Augusto Liza Ordoñez, residente de la Obra, habría declarado falsamente en 2015 haber culminado todas las partidas presupuestadas, lo que permitió que el comité tramitara la recepción de la obra de manera irregular. Esto, junto con la aprobación del supervisor, benefició directamente al Consorcio Sepahua, conformado por varias empresas contratistas, que cobró por trabajos que no cumplían los estándares establecidos.

Por su parte, el representante legal del Consorcio Sepahua, Juan Krun Castagne Pinedo, también fue investigado. A pesar de saber que la obra no estaba concluida, Castagne suscribió las actas de recepción y constatación, y no renovó la carta fianza, lo que impidió que el Estado pudiera reclamar por incumplimiento. Su actuación fue interpretada por fiscalía como una intención de beneficiar indebidamente al consorcio que lideraba.

La sentencia íntegra será leída el 12 de noviembre a las 2 de la tarde, de este año.