Corte de Ucayali realiza juicio oral contra exjefe de comunidad nativa y otros por delitos ambientales

El Primer Juzgado Penal Unipersonal, a cargo del juez Valentín Inocente Paulino, viene desarrollando el juicio oral contra Eli Picota Maynas, exjefe de la comunidad nativa Nueva Samaría (Iparía), acusado de tráfico ilegal de productos forestales maderables y de responsabilidad por presentar información falsa en informes oficiales. Por este último delito también están siendo investigados Amos Benjamín Armas Arche, consultor forestal, y Julián Vásquez Ramírez, técnico forestal, quienes habrían participado en la elaboración y supervisión de los documentos cuestionados.

El juicio oral es la etapa final de un proceso penal en la que se presentan y examinan públicamente todas las pruebas, declaraciones de testigos y argumentos de las partes involucradas (fiscalía, defensa y acusado). Durante el juicio oral, el juez tiene la responsabilidad de evaluar todas las evidencias presentadas y emitir una sentencia que puede absolver o condenar a los acusados. Es una fase importante del proceso, ya que se decide la culpabilidad o inocencia de los imputados, así como las penas que deben cumplir en caso de ser hallados culpables.

En el caso que se sigue contra Picota Maynas, la fiscalía solicitó cinco años de prisión efectiva por los dos delitos imputados. Asimismo, para Armas Arche pidió una pena de cuatro años y cuatro meses de prisión efectiva, y para Vásquez Ramírez solicitó cuatro años de prisión efectiva, con un año de inhabilitación.

De acuerdo a la teoría presentada por la fiscalía, los hechos se originaron a partir de una solicitud presentada el 31 de agosto de 2010 por parte de la comunidad que pidió a la Dirección Ejecutiva Forestal y de Fauna Silvestre de Ucayali (DEFFS-U) el otorgamiento de un permiso para la explotación de productos forestales con fines comerciales. El objetivo era el aprovechamiento de madera a mediana escala en los bosques de la comunidad.

El 22 de marzo de 2012, Elí Picota Maynas, quien había asumido el liderazgo de la comunidad, solicitó una inspección ocular en la Parcela de Corta Anual N° 1 (POA N° 1), una área donde se pretendía realizar la explotación forestal. Este plan fue elaborado por el ingeniero forestal Amos Benjamín Armas Arche, consultor, quien habría presentado un informe técnico detallando la ubicación y características de los árboles que se aprovecharían.

El 5 de mayo de 2012, Julián Vásquez Ramírez, técnico forestal del DEFFS-U, fue encargado de realizar la inspección ocular en la parcela mencionada. Según fiscalía, tras su evaluación, emitió un informe técnico, en el que habría declarado que la información presentada en el POA N° 1 era preciso, tras ello, el 4 de julio de 2012 se aprobó el Plan de Manejo Forestal.

Con la aprobación del plan, se autorizó la explotación de 200 árboles, con un volumen total de 1,404.838 metros cúbicos de madera, en una superficie de 150 hectáreas. Las especies autorizadas incluían árboles valiosos como caimitillo, capirona, catahua, copalba, lupuna, entre otras. Las coordenadas exactas de la parcela fueron registradas, y la explotación debía llevarse a cabo de manera sostenible.

Sin embargo, en 2013, la Oficina de Supervisión de OSINFOR realizó una auditoría a la explotación forestal en la comunidad. El informe de supervisión que emitieron reveló presuntamente graves irregularidades. De los 200 árboles autorizados, 73 no fueron encontrados durante la inspección en campo, lo que sugería que habían sido extraídos sin cumplir con los procedimientos legales. Además, detectaron la falta de ocho árboles semilleros, que son esenciales para la regeneración del bosque.

Las especies más afectadas por estas irregularidades incluyeron caimitillo, capirona, copalba y shihuahuaco. En algunos casos, los árboles semilleros, que debían ser preservados para garantizar la sostenibilidad del recurso forestal, también habían sido cortados o no estaban en su lugar. Sostuvo fiscalía que estas irregularidades demostraron que el Plan de Manejo Forestal, elaborado por Amos Benjamín Armas Arche, carecía de veracidad.

La Dirección de Supervisión de Permisos Forestales y Fauna Silvestre de OSINFOR sancionó a la comunidad nativa con una multa de 12.21 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalente a aproximadamente 60 mil soles. Esta sanción se basó en las infracciones cometidas durante la ejecución del POA N° 1, lo que motivó a la fiscalía a iniciar una investigación formal contra los involucrados por tráfico ilegal de productos forestales y falsificación de información en los informes presentados.