Ordenan internamiento en el penal de padre que incumplió pensión alimentaria

Nota de prensa
Como antecedente se tiene que en la sentencia conformada del 19 de septiembre de 2023, el sentenciado recibió una condena de diez meses y nueve días de pena privativa de libertad.
 Orlando Ramiro Gómez Chávez

Fotos: Oficina de Imagen Institucional

Oficina de Imagen Institucional

26 de setiembre de 2024 - 9:33 a. m.

El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Coronel Portillo, bajo la responsabilidad de la jueza Ángela Zamudio Navarro, decidió revocar la suspensión de pena de Orlando Ramiro Gómez Chávez y ordenar que se internara en un establecimiento penitenciario por diez meses y nueve días, luego de comprobar que no cumplió con sus obligaciones alimentarias a pesar de las notificaciones y plazos que se le dieron para pagar la manutención de su hijo.

Como antecedente se tiene que en la sentencia conformada del 19 de septiembre de 2023, el sentenciado recibió una condena de diez meses y nueve días de pena privativa de libertad, suspendida por un periodo de 30 meses, bajo la condición de cumplir con el pago de la reparación civil (S/ 1,152) y las pensiones alimentarias acordadas devengadas (S/ 15,528.80) en 24 cuotas.

Durante la audiencia de revocatoria de pena, la fiscalía argumentó que el sentenciado incumplió repetidamente con los pagos, habiendo abonado solo S/ 1,500 de una deuda total de S/16,680.80, lo que representó menos de la mitad de lo que debía. Precisó que, a pesar de las notificaciones correspondientes sobre el monto adeudado y los plazos de pago, Gómez Chávez mostró una actitud renuente al cumplimiento de sus obligaciones. La fiscalía presentó pruebas documentales de las cédulas de notificación y la falta de pagos, lo que respaldó su requerimiento de revocatoria.

Por su parte, la defensa argumentó que el sentenciado enfrentaba dificultades económicas y que no hubo dolo en su comportamiento. Sin embargo, la juez Zamudio Navarro desestimó esta argumentación, señalando que la situación económica del imputado no podía justificar el incumplimiento de una obligación judicial.

El juzgado también ordenó la emisión de oficios para su ubicación y captura del imputado. Esta decisión buscó garantizar el cumplimiento de los derechos del menor agraviado y reforzar la obligación de los padres en el sustento de sus hijos. La defensa interpuso un recurso de apelación, el cual deberá ser fundamentado en el plazo correspondiente.