Dictan preventiva a investigados por intento de sustracción de camioneta utilizando documentos falsos

La jueza Ángela María Zamudio Navarro, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Coronel Portillo, dictó nueve meses de prisión preventiva contra Rocendo Gálvez Padilla y Edgar Segundo Lanaro Angulo. Ambos están investigados por los delitos de banda criminal, falsificación de documentos y estafa en grado de tentativa, luego de un intento de robo de una camioneta, utilizando documentos falsos y engañando a la víctima, Oswaldo José Ramos Campos, quien se dedica al alquiler de vehículos.

Los hechos imputados por el Ministerio Público indican que, el 16 de septiembre de 2024, Ramos Campos fue contactado por una supuesta empresa llamada Chacongesa, representada por una mujer identificada como "Andrea Merino". Esta persona solicitó el alquiler de una camioneta Toyota 4x4 con características específicas (que sea de marca Toyota, 4x4, y de color negro), lo que despertó las alarmas en el agraviado, quien había sido víctima de una estafa similar en el pasado. Alarmado, Ramos Campos decidió comunicarse con la policía para alertar sobre la situación y solicitar su intervención.

Fiscalía precisó en audiencia que el día del arrendamiento, la policía se desplazó al lugar indicado, donde encontraron a Gálvez Padilla al volante de la camioneta solicitada. Al momento de la intervención, presentó un documento de identidad y una licencia de conducir a nombre de Eber Eduardo Jacobo Rodríguez, que resultaron ser falsos. En las actas se estipularon que durante el control de identidad, Gálvez Padilla admitió que los documentos eran falsos y se identificó como Rocendo Gálvez Padilla. Además, mencionó que había sido contactado por "Andrea" desde Lima para alquilar la camioneta, y que había viajado a Pucallpa con la ayuda de un cómplice, Cristian Navarrete, quien también estaba involucrado en el esquema.

La fiscalía presentó pruebas sólidas la audiencia, que incluían testimonios de la víctima, informes policiales y registros de comunicaciones que demostraban la conexión entre los imputados y sus cómplices. La juez Zamudio Navarro tomó en cuenta la gravedad de los delitos y el riesgo de fuga, así como la posibilidad de que los imputados intentaran obstruir la justicia, dado su comportamiento durante la intervención. Por ello, Gálvez Padilla y Lanaro Angulo serán internados en el penal de Pucallpa mientras se desarrollan las investigaciones y el juicio en su contra.

Cabe indicar que la prisión preventiva se impone cuando existen elementos de convicción que evidencien la probabilidad del delito se haya cometido, y se cumpla al menos uno de los siguientes requisitos: riesgo de fuga del imputado, peligro de obstrucción a la justicia (como la posibilidad de que el acusado destruya pruebas o influya en testigos), o cuando el delito imputado tenga una pena privativa de libertad superior a cinco años. Además, la medida debe ser necesaria y proporcional para asegurar el proceso penal y proteger a la sociedad.