Condenan a docente de Ucayali por apropiarse de más de S/ 3,000 para mantenimiento escolar

El Tercer Juzgado Penal Unipersonal de Ucayali, a cargo de la jueza Ana Bedoya Maque, condenó al docente Lorenzo Lomas Rodríguez por el delito de peculado doloso en agravio del Estado, tras comprobarse que se apropió de más de S/ 3,000 destinados al mantenimiento de la Institución Educativa N° 64793-B "Dos de Mayo" de Iparia. El acusado, fue sentenciado a tres años, cinco meses y cuatro días de prisión efectiva, convertidos a 178 jornadas de prestación de servicios a la comunidad y al pago de S/ 6,500 por reparación civil.

Lomas Rodríguez fue contratado como docente mediante la Resolución Directoral Local N° 001171-2015-UGEL CP, y al iniciar sus funciones se le asignó la suma de S/ 3,507 en el 2015. Este monto fue depositado en su cuenta del Banco de la Nación para ejecutar el mantenimiento preventivo de la institución educativa, incluyendo la reparación de puertas, ventanas y mobiliario escolar, así como la compra de útiles pedagógicos. Sin embargo, las investigaciones de la UGEL Coronel Portillo revelaron que no existen registros de la ejecución de estos trabajos ni de la devolución del dinero asignado.

Según el informe preliminar de la Unidad de Infraestructura y Proyectos de la UGEL, Lomas Rodríguez no registró ninguna Ficha Técnica ni declaración de gastos en el sistema Wasichay, plataforma utilizada para la gestión del mantenimiento escolar. Además, un peritaje contable realizado en 2021 confirmó que el docente no cumplió con los trabajos encomendados y que el monto asignado seguía pendiente de devolución. A pesar de las reiteradas solicitudes para que rinda cuentas, el acusado no presentó la documentación necesaria ni explicó el uso de los fondos.

Durante el juicio, la fiscalía presentó diversas pruebas que evidenciaron las irregularidades cometidas por Lomas Rodríguez. Entre ellas, se incluyeron los reportes de la UGEL que documentaron la ausencia de registro de gastos y la inexistencia de obras ejecutadas. Además, se demostró que el acusado había sido retirado de la Carrera Pública Magisterial en 2015 por renuncia voluntaria, y que continuaba omiso en la devolución del dinero asignado, perjudicando económicamente al Estado.

En el presente caso, el imputado se acogió a la conclusión anticipada, es decir, aceptó todos los cargos imputados y llegó a un acuerdo con el Ministerio Público y el actor civil, en relación a la pena y la reparación civil. La jueza en su sentencia aprobó este acuerdo.