Programan inicio de juicio contra alcaldesa de Yarinacocha y José Delgado por administración fraudulenta

Nota de prensa
La denuncia precisa que al asumir recibieron de la directiva anterior S/ 11 796.70, según consta en el documento "Flujo de Caja Periodo 2011".
Programan inicio de juicio contra alcaldesa de Yarinacocha y José Delgado por administración fraudulenta

Fotos: Oficina de Imagen Institucional

Oficina de Imagen Institucional

16 de setiembre de 2024 - 2:17 p. m.

El Primer Juzgado Unipersonal de Ucayali, bajo responsabilidad de la jueza Nilda Esperanza Lastra, dispuso la apertura de un nuevo juicio oral para los imputados Katherin Melissa Rodríguez Díaz, actual alcaldesa de Yarinacocha y José Antonio Delgado Inga. La decisión se basa en revisar una resolución anterior que había cerrado el caso por prescripción, lo que había llevado al sobreseimiento y a la extinción del proceso penal.

Rodríguez Díaz y Delgado Inga enfrentan cargos por administración fraudulenta y falsedad genérica, en perjuicio del Sindicato de Trabajadores del Distrito Judicial de Ucayali. La reciente resolución de la Segunda Sala Penal Superior de Apelaciones revocó la resolución anterior que había declarado fundado el pedido de prescripción. Esta decisión obliga al juzgado de origen a continuar con el proceso según su estado actual.

El auto de vista emitido el 15 de diciembre de 2023 ordena que el caso sea reabierto y proceda a juicio oral. La jueza Lastra estableció un cronograma para el proceso, comenzando con la apertura del juicio el 10 de marzo de 2025. Durante el juicio, se examinarán diversos testigos y se procederá con la lectura de documentales y los alegatos finales en fechas especificadas.

Cabe indicar que, el sobreseimiento es una decisión judicial que pone fin a un proceso penal porque se considera que no hay suficiente evidencia para continuar con el caso o porque han surgido circunstancias que impiden proseguir, como la prescripción del delito. La extinción del proceso penal, por otro lado, significa que se considera que la acción penal ya no puede ser perseguida debido a razones legales, como el paso del tiempo, que hace que el caso quede cerrado de manera definitiva. En conjunto, ambos conceptos implican que el proceso legal contra un acusado concluyó sin una sentencia condenatoria.

Hechos imputados por el Ministerio Público


Según fiscalía, las circunstancias que llevaron a la denuncia datan de noviembre de 2011, cuando Rodríguez Díaz y Delgado Inga asumieron los cargos de secretaria general y secretario de economía del sindicato. Durante su gestión, el Ministerio Público les imputa haber hecho mal uso de los fondos del sindicato, presuntamente omitiendo presentar informes económicos solicitados por los miembros. Ante las supuestas irregularidades, miembros de la junta directiva del sindicato renunciaron.

La denuncia precisa que al asumir recibieron de la directiva anterior S/ 11 796.70, según consta en el documento "Flujo de Caja Periodo 2011". Desde noviembre de 2011 hasta septiembre de 2014, los acusados recibieron aportes mensuales de los descuentos en la planilla de los trabajadores afiliados al sindicato. Estos descuentos sumaron S/ 29 684.97 en 2012, S/ 72 793.84 en 2013 y S/ 57 362.05 hasta septiembre de 2014.

Fiscalía alega que durante la gestión de Rodríguez Díaz y Delgado Inga, los imputados abrían presentado al consejo directivo y a la asamblea general el balance del movimiento económico y el arqueo económico semestral y anual del sindicato, a pesar de las reiteradas solicitudes de los miembros del sindicato. Ante estas supuestas irregularidades los miembros de la Junta Directiva del Sindicato, decidieron renunciar a sus cargos sin entregar los libros contables ni el estado de cuenta de los activos y pasivos de las aportaciones y donaciones.

El 1 de octubre de 2014, Mirtila Arancibia Mego, Felipa Maylle Ventura y Eva Yola Encio Suarez, en su condición de presidenta, secretaria y tesorera de la Comisión Transitoria del Sindicato de Trabajadores del Distrito Judicial de Ucayali, interpusieron una denuncia penal contra los imputados.

Cabe indicar que el Ministerio Público solicita para los imputados una pena privativa de la libertad de 2 años.

Dato:


La defensa técnica de la burgomaestre interpuso un recurso de casación, mientras tanto solicitó suspender la apertura del juicio oral hasta que se resuelva dicho recurso.