Juicio oral en proceso contra exfuncionarios del Gobierno regional por compras de motocicletas

El Tercer Juzgado Penal Unipersonal Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, a cargo de la jueza Ana Bedoya Maque, viene desarrollando el juicio oral contra Lutgardo Gutiérrez Valverde, exgerente general del Gobierno Regional de Ucayali; José Alberto Chocano Figueroa, exgerente de Infraestructura; Rafael Pinedo Saromo, exdirector de la Unidad de Supervisión de Obras; y Tony García Salazar, exfuncionario de la misma entidad, por hechos ocurridos en el 2008. Los cuatro enfrentan cargos por el delito de colusión y su próxima audiencia está programada para el 12 de septiembre de 2024.

El juicio oral es una fase importante dentro del proceso penal, donde se presentan y evalúan las pruebas, se escuchan los testimonios y se exponen los argumentos de las partes involucradas. Durante esta etapa, el juzgado tiene la tarea de valorar de manera directa las pruebas y testimonios presentados por la fiscalía y la defensa, para tomar una decisión sobre la culpabilidad o inocencia de los acusados.

Según el Ministerio Público en agosto de 2008 se instaló el Comité Especial del Gobierno Regional de Ucayali para conducir el proceso de Adjudicación Directa Pública N° 015-2008-GRU-P-CE, destinado a la adquisición de motocicletas y otros recursos para seguridad ciudadana. El comité estaba presidido por el Rafael Pinedo y los miembros Carlos Edmundo Cáceres Domínguez y Tony García. Se convocaron varios ítems, entre ellos motocicletas lineales de 200, teléfonos celulares, cámaras de video vigilancia y fumadoras.

La adjudicación de la buena pro fue otorgada a INVERSIONES MAX EIRL para la compra de 26 motocicletas, con un costo total de S/ 130,000. Sin embargo, la entrega efectiva de los bienes estuvo marcada por presuntamente múltiples irregularidades. Fiscalía señaló que el contrato se firmó el 17 de septiembre de 2008, y la proveedora se comprometió a entregar las motocicletas en un plazo de diez días tras recibir la orden de servicio. No obstante, el plazo para la entrega se extendió repetidamente, y las motocicletas recién fueron entregadas el 16 de diciembre de 2008.

El 12 de noviembre de 2008, la empresa informó que las motocicletas estaban en proceso de desaduanaje en el puerto del Callao, Lima, y se comprometió a entregar los bienes en diciembre, lo que fue interpretado como una falta de justificación válida. A pesar de esta irregularidad, se suscribió una adenda al contrato, permitiendo un adelanto del 30% del monto contratado para facilitar la entrega de los bienes.

De acuerdo a lo señalado por el Ministerio Público, el incumplimiento de la proveedora y la falta de acción del Gobierno Regional llevaron a la firma de un contrato complementario el 30 de diciembre de 2008 para la compra de cinco motocicletas adicionales. Esta compra también se realizó con retraso y sin la aplicación de penalidades por demora. Una vez entregadas las motocicletas, fiscalía precisa que estas no se destinaron a la seguridad ciudadana como se había previsto. Según el acta de recepción de febrero de 2009, los bienes fueron distribuidos en diversas oficinas administrativas del Gobierno Regional de Ucayali, como la de Servicios Auxiliares, Administración del Programa Desarrollo Comunal, y la Oficina de Control Patrimonial, entre otras.

“Además, el precio pagado por cada motocicleta fue considerablemente superior al precio real. Se pagó S/ 5,000 por unidad, mientras que el precio real de cada motocicleta era de aproximadamente S/ 2,900. Esta sobrevaloración resultó en un perjuicio económico al Estado de S/ 65,100 soles. Finalmente, la capacitación prometida por la proveedora, que consistía en ocho horas (cuatro teóricas y cuatro prácticas) por un ingeniero mecánico, nunca se cumplió. En su lugar, se proporcionó una capacitación por un profesional con una formación técnica en electricidad, lo que compromete el mantenimiento adecuado de las motocicletas y, por ende, su eficacia en el uso para seguridad ciudadana”, se señala en el requerimiento de acusación.

El Ministerio Público solicitó para los imputados tres años de pena privativa de la libertad efectiva.