Imponen preventiva a hombre encontrado con más de 500 envoltorios de droga

El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Ucayali, a cargo de la jueza Ángela Zamudio Navarro, dictó prisión preventiva por nueve meses contra Percy Márquez Marichin, investigado de microcomercialización de drogas. La medida fue adoptada luego de que la fiscalía argumentara la necesidad de esta medida cautelar, en vista de la reincidencia del imputado y el riesgo de obstaculización del proceso.

Según la tesis fiscal presentada en el caso, el 29 de agosto de 2024, a las 21:00 horas, la comisaría de San Fernando realizó un operativo antidrogas en el área del jirón Alcides Carrión. Durante un patrullaje preventivo los agentes detectaron a una persona de sexo masculino en actitud sospechosa.

Al aproximarse para un control de identidad, el individuo, identificado como Percy Márquez Marichin, habría arrojado un objeto a un metro de distancia. Los agentes recuperaron el objeto, que resultó ser un morral de tela azul, marca Nike. Al examinar el contenido del morral, descubrieron un total de 570 envoltorios de papel cuaderno cuadriculado, que al ser abiertos contenían una sustancia parduzca con características y olor similares a la Pasta Básica de Cocaína (PBC). Los envoltorios estaban agrupados en cinco paquetes de diferentes colores y 40 ketes sueltos.

Esta evidencia, junto con la droga encontrada, llevó a los oficiales a proceder con su detención y a incautar la sustancia al Área de Investigación de la Comisaría (AREANT-U). En AREANT-U, se realizaron pruebas de orientación y descarte de la sustancia. Los análisis confirmaron que la sustancia era alcaloide de cocaína con un peso bruto total de 20 gramos.

En su decisión, la jueza Zamudio Navarro consideró que Percy Márquez había reincidido en el delito, basándose en lo establecido en el artículo 46-B del Código Penal, que contempla el incremento de la pena para reincidentes. El imputado había cumplido previamente una condena por hurto agravado, de tres años, entre 2017 y 2020, y una segunda condena por microcomercialización de drogas, por la cual fue liberado recientemente. Estas circunstancias, según la judicatura, implican que la pena mínima en este nuevo proceso sería mayor a los diez años y seis meses.

Además, la jueza determinó que existía peligro procesal, argumentando que el acusado no presentó pruebas suficientes de arraigo familiar, laboral o domiciliario, lo que podría facilitar su fuga o la obstaculización de la investigación. Pese a que se realizó una verificación del domicilio donde supuestamente residía Márquez, se descubrió que este vivía como inquilino en un hospedaje y que no se presentó documentación que garantizara su permanencia allí. Este factor, sumado a su historial delictivo, consolidó la necesidad de dictar prisión preventiva.

Otro argumento para la decisión judicial fue el comportamiento procesal del acusado, quien, según la jueza, había demostrado una tendencia a actuar al margen de la ley. La judicatura valoró que el imputado ya había enfrentado condenas previas y, a pesar de ello, reincidió en un delito grave como el tráfico ilícito de drogas. Este comportamiento, junto con la falta de arraigos, llevó a la conclusión de que existía un alto riesgo de que el imputado intentara frustrar el desarrollo del juicio, ya sea no presentándose a las audiencias.