Naufragio en el río Ucayali: Edwin Conde enfrentará prisión preventiva por trágico accidente

El magistrado Wagner Villacrez Mori a cargo del Juzgado de Investigación Preparatoria de Atalaya dictó nueve meses de prisión preventiva contra Edwin Conde Ramírez, imputado por los delitos de homicidio simple y homicidio calificado. Conde era el conductor de la embarcación fluvial "CR-II", la cual naufragó trágicamente el pasado 4 de septiembre de 2024 en el río Ucayali, resultando en la muerte de siete personas, entre ellas dos menores de edad.

La medida cautelar fue solicitada por la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Atalaya, quien argumentó que existían suficientes elementos de convicción que vinculan a Conde Ramírez con el fatal accidente. Según la tesis fiscal, el naufragio ocurrió cuando la embarcación "CR-II", que cubría la ruta entre Pucallpa y Atalaya, chocó con un tronco debido a la velocidad excesiva y sobrecarga de pasajeros y mercancías. Esta combinación de factores provocó que la embarcación se hundiera, causando la muerte de cuatro docentes, un civil y dos menores de edad.

Las víctimas fueron identificadas como Marvin Greys Gómez Pezo, Marlene Rengifo Vela, Carmen del Pilar Paucar Torres, Rosita Elena Osorio Sánchez, Ruber Alberto Saboya Tuanama, Rodrigo Salvador Rodríguez Paucar (9 años) y Darcy Dayana Salinas Rengifo (11 años). De las más de 80 personas que lograron salvarse, 13 de ellas sufrieron lesiones leves y tuvieron que ser trasladadas a centros de salud en la localidad de Tahuania.

Los fundamentos judiciales para imponer la prisión preventiva se basan en el riesgo de fuga y la posible obstaculización del proceso, dado que Conde Ramírez no pudo acreditar un arraigo domiciliario o laboral sólido en su declaración. Asimismo, la gravedad de la pena, que podría ser de hasta 20 años en caso de ser hallado culpable, refuerza la probabilidad de que el imputado intente eludir la justicia.

Entre las pruebas presentadas por la fiscalía se encuentran el acta de intervención policial, que detalla la detención de Conde Ramírez tras el naufragio, así como los informes periciales que acreditarían que el incidente fue provocado por la negligencia en la conducción de la embarcación. Además, se presentaron las actas de levantamiento de los cadáveres de las siete víctimas, quienes fallecieron por asfixia por ahogamiento, y las declaraciones de los sobrevivientes que narran las circunstancias del naufragio, y precisan en la sobrecarga de pasajeros y la falta de chalecos salvavidas.

Cabe indicar que la prisión preventiva no implica que una persona sea culpable. Se trata de una medida cautelar que se aplica durante el proceso de investigación para garantizar que el imputado no evada la justicia, no obstaculice la investigación o no represente un peligro para la víctima o la sociedad. La prisión preventiva se dicta cuando se cumplen ciertos requisitos, como la existencia de pruebas que vinculen al imputado con el delito, un pronóstico de pena elevado y un riesgo de fuga u obstaculización del proceso judicial. Sin embargo, no constituye una condena y la culpabilidad o inocencia se determina en el juicio.