Condenan a Francisco Pezo por mentir en sus hojas de vida para elecciones de 2014 y 2016

El Segundo Juzgado Penal Unipersonal, a cargo del juez Antar García Cosio, condenó al exgobernador regional de Ucayali, Francisco Antonio Pezo Torres, por los delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad genérica, ambos en agravio del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). La resolución judicial impone una pena privativa de libertad de cuatro años, con carácter suspendido, además de una inhabilitación para ejercer cargo público por el mismo período y el pago de una reparación civil de S/ 13,200.

Los hechos imputados corresponden al periodo de elecciones regionales de 2014 y a las elecciones congresales de 2016. En ambas oportunidades, Francisco Pezo presentó declaraciones juradas de vida con información falsa ante el JNE. En su postulación para el cargo de presidente regional de Ucayali en 2014, Pezo Torres indicó haber realizado estudios técnicos en administración en la supuesta "Universidad de Ancash", señalando la culminación de cursos de "gerencia de empresas" y "gerencia de ventas". Sin embargo, la fiscalía demostró que no existe registro de la mencionada universidad y que los cursos referidos no tenían validez como estudios técnicos ni otorgaban grado académico alguno.

En 2016, al postularse como congresista, el acusado declaró haber completado sus estudios secundarios en el colegio Faustino Maldonado. No obstante, las investigaciones fiscales revelaron que Pezo Torres no concluyó la secundaria hasta 2017, luego de matricularse en un programa de educación básica alternativa. Así, en ambas oportunidades, presentó información incorrecta y engañosa en su hoja de vida, vulnerando el principio de veracidad que rige los procesos electorales.

Durante el juicio, el fiscal presentó la documentación oficial que demostró las irregularidades en las declaraciones del acusado. Por ejemplo, la copia de los decretos supremos que convocaron a las elecciones regionales de 2014 y las generales de 2016, estableciendo el contexto legal en el que Francisco Pezo emitió las declaraciones falsas.

Asimismo, la Dirección Regional de Educación de Ucayali y el Centro de Educación Básica Alternativa Faustino Maldonado aportaron pruebas al acreditar que Pezo Torres no había culminado su educación secundaria hasta el año 2017. Otro de los puntos fue el informe emitido por el Instituto de Desarrollo Gerencial. Este documento desmentía la afirmación del acusado sobre haber cursado estudios técnicos en administración y gerencia en la inexistente "Universidad de Ancash". El informe dejó claro que los cursos mencionados por Pezo Torres no constituían estudios técnicos ni ofrecían título académico alguno, siendo simples cursos de extensión universitaria sin valor académico.

El juez señaló que la conducta del exgobernador constituyó una violación al deber de veracidad exigido en la ley para los procesos administrativos y electorales. En este sentido, el artículo 411° del Código Penal sanciona la falsa declaración en procedimientos administrativos con una pena privativa de libertad de hasta cuatro años, mientras que el artículo 438° impone la misma sanción para el delito de falsedad genérica.