Juicio por corrupción a exalcaldes de Curimaná: 6 de septiembre se leerá adelanto de fallo

El Juzgado Penal Colegiado Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de la Corte de Ucayali está llevando a cabo el juicio contra los exalcaldes de la Municipalidad de Curimaná, Delsy Vera Rojas y Loiber Rocha Pinedo. Junto a ellos, también son procesados Pedro Gonzalo Carrasco Díaz y José Tello Noriega, ambos exfuncionarios de dicha municipalidad. Fiscalía los proceso delitos contra la administración pública, en la modalidad de negociación incompatible y peculado doloso.

La audiencia de juicio oral, presidida por la jueza Dra. Ana Bedoya Maque, tiene programado el adelanto de fallo para el 6 de septiembre de 2024. Las imputaciones se basan en presuntas irregularidades en la ejecución del proyecto "Mejoramiento del servicio de transitabilidad en el tramo de la carretera Cruce del Río Tigre - Pedregal, caserío El Pedregal, distrito de Curimaná" entre septiembre y diciembre de 2015.

La imputación específica contra Rocha Pinedo y Vera Rojas (tomó control de la municipalidad de Rocha Pinedo), quienes ocupaban el cargo de burgomaestres, y los demás funcionarios, como Tello Noriega (subgerente de Planificación, Presupuesto y Racionalización de la municipalidad) y Carrasco Díaz (funcionario encargado de Infraestructura), es que habrían utilizado de manera indebida los recursos asignados para la ejecución de la obra mencionada. Según las denuncias, se realizaron compras ficticias de combustible y alquileres de maquinaria pesada que nunca llegaron a ejecutarse.

Los comprobantes de pago y la documentación de los contratos presentarían irregularidades, pues en algunos casos no cumplirían con los requisitos legales mínimos, de acuerdo a lo que señala la tesis fiscal. Además, los documentos fueron emitidos a nombre de proveedores que, o bien no existían, o bien negaron haber proporcionado los servicios detallados en los registros. Esta operación fraudulenta habría ocasionado un perjuicio económico al Estado de S/. 69,847.00, de acuerdo a lo señalado por el Ministerio Público.

Durante la investigación, el análisis contable y financiero realizado por peritos reveló que durante el ejercicio presupuestario de 2015 se efectuaron gastos sin respaldo legal ni administrativo adecuado, lo que violaba las normativas de ejecución presupuestaria. Esto refuerza la acusación de que los fondos fueron desviados para fines distintos a los destinados originalmente, perjudicando la ejecución del proyecto de infraestructura.

De acuerdo con los actos de investigación del Ministerio Público, el delito de peculado doloso se sustenta en documentos periciales y testimoniales. Un informe tomado en cuenta es el Pericial Contable Financiero N° 043-2018, elaborado por un equipo especializado de la Policía Nacional del Perú, que reveló pagos por un total de S/. 81,347.00 sin la debida documentación ni justificación –aunque el prejuicio tomado en cuenta es de S/. 69,847.00-. Estos habrían sido aprobados bajo el pretexto de comprar combustible y alquilar maquinaria para la obra en cuestión, pero la investigación sugiere que los servicios nunca se realizaron.

Fiscalía también valoró la declaración de Juana Giovanna Cruz Rodríguez, quien aparece como proveedora de maquinaria pesada. En su testimonio, Cruz Rodríguez negó haber emitido las facturas que figuran en los registros de la municipalidad y afirmó no haber prestado ningún servicio relacionado con el alquiler de maquinaria. Las facturas presentadas en su nombre serían falsificaciones.

Asimismo, los comprobantes de pago catalogados como "no habidos" reflejarían que los servicios no fueron prestados, pero que igualmente se utilizó esta documentación para sustraer dinero del presupuesto asignado a la obra.

La fiscalía sustentó su acusación con el ya mencionado Informe Pericial Contable Financiero N° 043-2018, la documentación de la obra, incluyendo los certificados presupuestales emitidos por el área de Planificación y Presupuesto bajo la supervisión de Tello Noriega y la declaración testimonial de Cruz Rodríguez. También se presentaron documentos como las actas de entrega de terreno, contratos de obra y resoluciones de alcaldía, que detallan la forma en que se debía llevar a cabo el proyecto.

El Ministerio Público solicitó para Vera Rojas y Carrasco Díaz, imputados por el delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, una pena de 4 años de pena privativa de libertad, así como la inhabilitación para ejercer cargos públicos por el mismo periodo, de acuerdo con el artículo 399° del Código Penal. Además, del pago de 180 días multa. Para Rocha Pinedo y Tello Noriega, acusados por peculado doloso solicitó una pena de 8 años de prisión efectiva, también acompañada de inhabilitación para ocupar cargos públicos por igual periodo.