Exalcalde de Manantay y funcionarios enfrentan juicio por presunta malversación de más de S/ 1.5 millones

El Tercer Juzgado Penal Unipersonal especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios a cargo de la jueza Dra. Ana Bedoya Maque, viene desarrollando el juicio oral del proceso que involucra al exalcalde Said Torres Guerra y a otros exfuncionarios de la Municipalidad Distrital de Manantay. Los acusados, que enfrentan cargos de malversación de fondos públicos, incluyen a Luis Yuñior Huaranca Hualpa, Ana Yolanda Hurtado Ruiz, Jackelin Vanessa Arcentales Castro, Joel Arturo Orihuela Ruiz, Neil Armastron Urrea Britto, Alex Montes Prohencio, Clark Angulo Cumapa y Fidel Fernández Ferreyra. La próxima audiencia está programada para el 10 de septiembre de 2024.

Los hechos presentados por el Ministerio Público datan del 2016, cuando la Municipalidad de Manantay, bajo la gestión de Said Torres Guerra, fue acusada de desviar recursos del Fondo de Compensación Municipal (Foncomun), específicamente fondos que estaban destinados para proyectos de inversión, hacia gastos corrientes. La comisión auditora de la Contraloría General de la República, conformada por Francisco Paredes Mendoza, Hernán Ciro Jáuregui Ofracio y Tamara Francis Rojas Mego, detectó irregularidades que ascendían a S/ 1'513,725.20, correspondientes a la ejecución de proyectos de inversión.

Según el informe de auditoría, los funcionarios involucrados habrían aprobado certificaciones de crédito presupuestario por montos superiores a los permitidos legalmente. Para el ejercicio fiscal de 2016, la ley permitía destinar un máximo del 70% de los recursos del FONCOMUN a gastos corrientes, mientras que el 30% restante debía ser destinado a inversiones en proyectos de capital. Sin embargo, el informe determinó que se utilizó el 91% para gastos corrientes, superando el límite legal y dejando a la municipalidad sin fondos suficientes para completar proyectos como el "Mejoramiento del polideportivo en el asentamiento humano Iván Sikic".

El desvío de fondos habría afectado no solo el mencionado polideportivo, sino también otros proyectos de infraestructura pública. Entre las obras afectadas se encuentran el sistema de drenaje pluvial en el jirón Guillermo Chino Mori, el sistema de drenaje en el pasaje Los Claveles, y el mejoramiento de la transitabilidad en varias calles de Manantay. Todos estos proyectos fueron paralizados debido a la falta de financiamiento real, ya que los fondos asignados habrían sido redirigidos a cubrir gastos corrientes como pasajes aéreos, alquiler de vehículos y servicios básicos.

El informe de la Contraloría indica que se emitieron 977 certificados presupuestarios que comprometían el gasto de estos recursos de manera indebida. Además, el análisis pericial realizado en el proceso ratificó que el uso de los fondos para gastos corrientes superó el límite legal en más de un millón y medio de soles, afectando gravemente las finanzas de la municipalidad y el desarrollo de la infraestructura local.

El Ministerio Público solicitó 8 años de prisión efectiva para el exalcalde por su presunto rol en la aprobación y ejecución de las certificaciones presupuestales que permitieron el uso indebido de los recursos. Junto a él, Luis Yuñior Huaranca Hualpa, exgerente municipal, y Ana Yolanda Hurtado Ruiz, exgerente de Administración, pidió 7 y 6 años de prisión respectivamente, por su supuesta participación en la certificación y gestión de estos fondos.

Para los otros funcionarios implicados, como Jackelin Vanessa Arcentales Castro, exsubgerente de Presupuesto, y Joel Arturo Orihuela Ruiz, exgerente de Planeamiento y Presupuesto, también solicitó 5 y 6 años de prisión. A esta petición se suman Neil Armastron Urrea Britto, Alex Montes Prohencio, Clark Angulo Cumapa y Fidel Fernández Ferreyra, exfuncionarios investigados por presuntamente autorizar certificaciones presupuestales irregulares, quienes podrían ser condenados a 4 años de prisión cada uno.

Además de las peticiones de penas de prisión, la fiscalía solicitó que los acusados paguen de manera solidaria una reparación civil de S/ 1, 513,725.20, monto equivalente al perjuicio económico causado al Estado por la paralización de los proyectos de inversión. Asimismo, pidió la inhabilitación para ejercer cargos públicos durante el tiempo que dure la condena.

El juicio oral es la etapa central y más importante dentro de un proceso penal, en la cual se desarrollan de manera pública y contradictoria los debates entre las partes involucradas: la acusación (Ministerio Público), la defensa (del imputado o acusado) y, en algunos casos, el actor civil (representante del agraviado). En esta fase, las pruebas que fueron recopiladas durante la investigación se presentan formalmente ante el juez, quien debe evaluar la veracidad y relevancia de las mismas para emitir una sentencia.

Durante el juicio oral, se exponen y discuten las pruebas documentales, materiales, periciales y testimoniales. Tanto el fiscal como la defensa tienen la oportunidad de interrogar a los testigos, peritos, e incluso al propio acusado si este decide declarar. Asimismo, las partes pueden hacer alegatos sobre los hechos y las normas jurídicas que sustentan sus respectivas posturas.

El objetivo del juicio oral es que, tras analizar todas las pruebas presentadas y los argumentos expuestos, el juez llegue a una decisión final, que puede ser absolutoria o condenatoria, determinando si el acusado es culpable o inocente de los delitos que se le imputan. Esta decisión se formaliza mediante una sentencia, que puede ser apelada en instancias superiores si alguna de las partes no está conforme con el resultado.