Juzgado decidirá sobreseimiento en caso contra Manuel Gambini e Isaac Huamán por abuso de autoridad

El Ministerio Público solicitó el sobreseimiento (archivamiento) del caso que involucra al actual gobernador de Ucayali, Manuel Gambini Rupay; al exdirector regional de Agricultura, Isaac Huamán Pérez; y a Nelson Alcibiades Torres Contreras, en el proceso que se les sigue por los delitos de abuso de autoridad, otorgamiento indebido de título y falsedad genérica, todos relacionados con presuntas irregularidades en la adjudicación del predio "Agata Lúa". La audiencia para decidir sobre esta solicitud se llevará a cabo el jueves 26 de septiembre de 2024, en el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Coronel Portillo, a cargo de la jueza Dra. Melina Díaz Acosta.

Los hechos denunciados datan del 2018, cuando el gobernador regional de Ucayali, Manuel Gambini Rupay, e Isaac Huamán Pérez, en su rol de director de Agricultura, habrían emitido la Resolución Ejecutiva Regional N° 118-2018-GRU-GR. Esta resolución anuló una previa, la Resolución Directoral Regional N° 476-2016-GRU-DRA, que reconocía la titularidad del predio "Agata Lúa" a favor de José Belisario Navarro López Torres. Según la denuncia, la anulación se realizó con el fin de favorecer presuntamente a Nelson Alcibiades Torres Contreras, quien reclamaba derechos sobre un terreno que se superponía al predio "Agata Lúa". Esta acción generó una denuncia de abuso de autoridad y otorgamiento indebido de título contra Gambini Rupay y Huamán Pérez, quienes, según lo señalado por el agraviado, habrían actuado fuera del marco legal al beneficiar indebidamente a Torres Contreras.

El predio en cuestión, ubicado en el sector Antonio Raimondi, habría sido reconocido como propiedad de José Navarro López Torres en 2016. Sin embargo, tras la anulación de la resolución que otorgaba este reconocimiento, Torres Contreras logró obtener un título de propiedad sobre el terreno, lo que implicó la emisión de un nuevo título que, de acuerdo a la tesis fiscal inicialmente, se otorgó de manera indebida y fuera de los procedimientos legales establecidos. Se denunció a los implicados de haber manipulado los procesos administrativos para permitir la adjudicación irregular del terreno, afectando así derechos previamente reconocidos a Navarro.

Además, se precisó que, Nelson Alcibiades Torres Contreras, en 2002, habría realizado actos de falsedad genérica al manipular el proceso de titulación de su terreno. Según la denuncia, Torres Contreras habría colocado un cerco en el terreno disputado días antes de una inspección oficial, con el objetivo de asegurar la titularidad del predio "Agata Lúa."

El requerimiento de sobreseimiento es una solicitud formal que realiza el fiscal al juez para que se ponga fin al proceso penal, argumentando que no existen suficientes pruebas para sostener una acusación, que el hecho investigado no es delito, o que se ha extinguido la acción penal (el tiempo permitido para que el Estado persiga el delito), entre otras causas. Si el juez lo aprueba, el caso se cierra y el imputado queda libre de responsabilidad penal.

En el caso en concreto el requerimiento presentado por la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Coronel Portillo, se fundamenta en la falta de elementos probatorios suficientes para sostener las acusaciones. En lo que respecta a Isaac Huamán, el Ministerio Público argumenta que, como director regional de Agricultura, no tenía la autoridad final para emitir la resolución, la cual era competencia del Gobernador Regional. Se precisó, además, que la resolución en cuestión fue firmada por el gobernador regional interino, Mariano Rebasa Alfaro, lo que desvincularía a Gambini Rupay de responsabilidad directa en el acto.

Respecto a Nelson Alcibiades Torres Contreras, la acusación de falsedad genérica se basa en hechos que ocurrieron en 2002, cuando presuntamente manipuló el proceso de titulación del predio "Agata Lúa" para asegurar su posesión. La fiscalia sostiene que el tiempo transcurrido desde entonces ha llevado a la prescripción del delito, conforme a lo dispuesto en los artículos 80° y 83° del Código Penal, que establecen los plazos de prescripción para la acción penal.

El Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria deberá evaluar los argumentos presentados por la fiscalía y decidir si procede archivar el caso o continuar con el proceso judicial. Si el sobreseimiento es aceptado, los investigados quedarán exonerados de los cargos. En caso contrario, el caso podría avanzar a un juicio oral, donde se examinarían en detalle las supuestas irregularidades cometidas.