Fijan audiencia para exalcalde y exfuncionarios de Coronel Portillo por abuso de autoridad

El Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Ucayali, que despacha la jueza Dra. Melina Díaz Acosta, fijó para el 9 de septiembre de 2024 la audiencia de control de sobreseimiento y acusación en el caso que involucra al exalcalde de Coronel Portillo, Segundo Leonidas Pérez Collazos, a su exgerente de Acondicionamiento Urbano, Rafael Paredes Delgado y a su exgerente de Servicios Públicos, Néstor Arroyo Salinas. Estos exfuncionarios están siendo investigados por los presuntos delitos de abuso de autoridad y daños a la propiedad, en agravio de Ronald Cavero Cárdenas.

En marzo de 2018, Cavero tomó posesión de un predio en el sector Radar, una zona en expansión dentro del distrito de Callería. Según su declaración, la posesión del terreno le fue transmitida por Iván Máximo Meza Inga, quien era el anterior poseedor del lote. Cavero aseguró que invirtió S/ 16,000 en el desarrollo del terreno, donde construyó un templo que también funcionaba como una academia de artes marciales mixtas, denominada "Team Filadelfia". La academia era un lugar de entrenamiento para más de 10 personas, incluyendo jóvenes y adultos de diferentes edades, que diariamente asistían a practicar.

Para llevar a cabo su proyecto, Cavero construyó una edificación de 5 metros de ancho por 7 metros de largo, utilizando madera para la estructura, calamina para el techo, y cemento para el piso. Además, cercó todo el perímetro con listones de madera y planchas de calamina.

El 25 de septiembre de 2021, según el testimonio de Cavero, dos funcionarios de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, Néstor Arroyo Salinas y Rafael Paredes Delgado, acompañados de obreros municipales y personal de serenazgo, llegaron al terreno con maquinaria pesada, incluyendo una retroexcavadora y un cargador frontal. Presuntamente sin previo aviso ni notificación formal, procedieron a destruir por completo la construcción.

Cavero sostuvo que los funcionarios le informaron que estaban actuando bajo órdenes directas del alcalde de Coronel Portillo. Además, todo el material producto de la demolición, incluyendo los accesorios de la academia como tatamis, manoplas, escudos de patadas, una mochila con ropa y dinero, así como el equipamiento para el entrenamiento, fue enterrado en una laguna natural ubicada en la parte trasera del predio.

Según la tesis fiscal, el 20 de septiembre de 2021, personal de la Policía Nacional de la Unidad de Seguridad del Estado, acompañados por servidores de la municipalidad, visitaron el terreno. El agraviado, durante esta intervención se le exigió que abandonara el predio. Ante su negativa, la policía lo denunció por usurpación. Cavero defendió su derecho de permanecer en el terreno, alegando que compartía el espacio desde 2018 y que no estaba dispuesto a retirarse sin una compensación por las mejoras realizadas.

En respuesta a estos eventos, Ronald Cavero presentó una denuncia el 18 de octubre de 2021. Esta denuncia dio inicio a una investigación formal por parte de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Coronel Portillo. El caso fue formalizado el 18 de noviembre de 2022. Entre las pruebas presentadas se incluyen fotografías del terreno antes y después de la demolición, actas de constatación policial, boletas de compra de materiales, y declaraciones de testigos que corroboran la versión de los hechos narrada por Cavero. Además, se mostró la falta de notificación formal de desalojo, lo que podría constituir una violación de los derechos del propietario del predio.

Actualmente fiscalía presentó un requerimiento mixto (combina dos peticiones) al Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria. En este requerimiento, solicita que se inicie un juicio contra Néstor Arroyo Salinas por los delitos de abuso de autoridad y daños a la propiedad. La fiscalía argumentó que el investigado habría actuado fuera de los límites de su competencia y que su conducta violó directamente los derechos de Cavero, quien se vio privado de su propiedad y de su inversión sin un proceso legal adecuado. La fiscalía solicitó una pena de un año de prisión para Arroyo Salinas y una compensación económica de S/ 16,000 por los daños sufridos, además de S/ 3,000 por abuso de autoridad.

El Ministerio Público también solicitó el sobreseimiento (archivamiento del caso) para Pérez Collazos, porque, tras la investigación, no habría encontraron pruebas suficientes que lo vinculen directamente con la destrucción de la propiedad de Cavero. No se habría demostrado que el exalcalde habría dado una orden directa o haya participado activamente en los hechos delictivos, y su rol en la administración municipal no incluyó acciones que contribuyeran a la ejecución del desalojo y destrucción del inmueble. Por lo tanto, la fiscalía considera que no hay elementos suficientes para continuar con la acusación en su contra.