Jueza ordena extensión de prisión preventiva para “Los Intocables de Pucallpa”

El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Ucayali, a cargo de la jueza Dra. Irene Hidalgo Armas, ordenó la ampliación de la prisión preventiva por nueve meses adicionales para Luis Nunta Saldaña, José Antonio Vásquez Pérez, Gilberto Elías Pachas Da Silva y Jorge Luis López Mozombite, denominados por la Policía como “Los Intocables de Pucallpa”, quienes enfrentan cargos por el delito de robo agravado, en agravio de María Rosaura Ríos Nolorve y Juan Carlos Flor Montero. La decisión judicial, que extiende la medida coercitiva hasta el 21 de mayo de 2025, responde a la solicitud presentada por la Primera Fiscalía Provincial Penal de Yarinacocha, la cual argumentó la necesidad de mantener la medida debido a los graves riesgos procesales.

El 3 de octubre de 2023, María Rosaura Ríos Nolorve, docente, fue víctima de un asalto después de retirar S/ 26,000 en efectivo de una sucursal del Banco Credi Scotia. Luego de realizar el retiro, la agraviada abordó un mototaxi y se dirigió hacia su centro laboral. Al salir de su trabajo, fue recogida por su pareja, Juan Carlos Flor Montero, a bordo de una motocicleta lineal.

Mientras se desplazaban por la intersección de las avenidas Amazonas y Pachacutec, fueron interceptados por una motocicleta lineal, ocupada por dos sujetos. El pasajero, armado con un revólver, descendió de la motocicleta y apuntó a la pareja, exigiéndoles que entregaran el bolso que contenía el dinero. Bajo amenazas de muerte y utilizando lenguaje violento, los asaltantes arrebataron el bolso de María Rosaura, que contenía el dinero envuelto en papel bond, un celular Samsung Galaxy A34, una billetera con S/ 600, y otras pertenencias personales. Tras cometer el asalto, huyeron en dirección al parque La Lupuna,

Posteriormente, las víctimas acudieron a la comisaría de Yarinacocha para denunciar el hecho, y fueron derivadas a la DIVINCRI PNP de Ucayali, donde se iniciaron las investigaciones. Gracias a las cámaras de videovigilancia instaladas en diversas zonas de la ciudad, se pudo rastrear el recorrido de los asaltantes, lo que permitió identificar a varios de los implicados en el delito.

La Fiscalía fundamentó su solicitud en dos puntos principales: el riesgo de fuga y la obstrucción del proceso judicial. Según los informes presentados, los imputados no acreditaron tener arraigos laborales, familiares o domiciliarios suficientes que garanticen su permanencia en la jurisdicción. Además, la pena prevista para el delito de robo agravado —entre 12 y 20 años de prisión— hace que exista un alto riesgo de que intenten eludir la acción de la justicia.

La fiscal sostuvo que liberar a los imputados pondría en peligro la correcta administración de justicia. Señaló que existe un riesgo real de que los acusados influyan sobre testigos, como el llamado “testigo impropio” que colaboró con la fiscalía. La fiscal advirtió que los imputados, o personas cercanas a ellos, podrían intentar amedrentar o incluso eliminar a testigos para obstaculizar la investigación.

La investigación enfrentó demoras debido a la falta de colaboración por parte de los imputados y sus defensores, según fiscalía. Las audiencias y diligencias programadas fueron reprogramadas en repetidas ocasiones debido a la inconcurrencia de los acusados y a la inacción de sus abogados. En particular, las declaraciones de Luis Nunta Saldaña y Wuiliam León Rengifo fueron postergadas debido a la ausencia de los abogados defensores y de los propios acusados.

Además, la complejidad del caso aumenta con la incorporación de nuevos imputados, como Marco Antonio Amasifuen Peraza, alias "Munrra", quien presuntamente facilitó el arma de fuego utilizada en el robo, y Walter Rodrigo Vásquez Plaza, quien habría engañado a la agraviada al simular ser un asesor del banco que gestionaba el préstamo. La inclusión de estos nuevos implicados generó la necesidad de realizar nuevas diligencias, tales como la homologación de pruebas forenses y análisis digital de los vehículos involucrados en el crimen.