Jueza declara saneada acusación contra Jessica Navas, Lisette Rengifo y Wilber Trujillano por desvío de fondos
Nota de prensaLa jueza concluyó que la acusación formal cumplía con los requisitos procesales y declaró la validez de la acusación, lo que permite que el proceso judicial continúe.

Fotos: Oficina de Imagen Institucional
22 de agosto de 2024 - 3:55 p. m.
La jueza Dra. Irene Hidalgo Armas, del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Ucayali, declaró la validez formal de la acusación presentada contra la gerente territorial de Purús, Jessica Navas Sánchez, Lisette Rengifo Rojas y el titular de la Dirección regional de Comercio Exterior y Turismo, Wilber Trujillano Alcalá. Los tres imputados son investigados por el presunto delito de malversación de fondos durante la ejecución del proyecto "Acondicionamiento Turístico de Lago Yarinacocha - Ucayali", en agravio del Estado y específicamente de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo del Gobierno Regional de Ucayali.
La decisión judicial, recogida en el expediente N° 00037-2021-17-2402-JR-PE-03, valida las acusaciones del Ministerio Público, que sostiene que los imputados habrían desviado fondos del proyecto turístico hacia la compra de bienes que no estaban contemplados en el cronograma autorizado de desembolsos. Entre los bienes adquiridos de manera irregular se encontraría un bus turístico de dos niveles, una camioneta 4x4 y cuatro motocicletas lineales, todos pagados con el presupuesto del año 2015, a pesar de no estar incluidos en el convenio N° 01-2015-MINCETUR/COPESCO-DE firmado con Plan COPESCO Nacional.
La juez resolvió que la acusación cumple con los requisitos legales establecidos en el artículo 349° del Código Procesal Penal, declarando saneada su validez formal. En consecuencia, la próxima audiencia se realizará el 23 de agosto de 2024 para abordar los cuestionamientos sustanciales al caso. Los delitos por los que se les investiga tienen penas de entre tres a ocho años de prisión, según lo establecido en el artículo 389° del Código Penal.
Contexto del caso
El proyecto "Acondicionamiento Turístico de Lago Yarinacocha", con un presupuesto de S/ 4'353,599 (Componente 2), distribuido en dos partes y ejecutado a través de Plan COPESCO Nacional, fue concebido con la finalidad de convertir a Ucayali en un destino turístico de primer nivel. Para ello, el Gobierno Regional de Ucayali se comprometió a ejecutar el Componente 2 del proyecto, centrado en la "Adecuada Gestión Turística", bajo la supervisión del Ministerio Público.
Este componente incluía actividades específicas aprobadas mediante convenios y adendas que estipulaban claramente los montos y el destino de los recursos. Según el Convenio N° 01-2015-MINCETUR/COPESCO-DE, los fondos transferidos no debían utilizarse para fines distintos a los estipulados.
Según fiscalía, se compró un bus turístico de dos niveles por un monto de S/ 399,000, una camioneta 4x4 por S/ 131,027 y cuatro motocicletas lineales, por un valor total de S/ 30,440. Estos bienes fueron comprados bajo la dirección de Navas Sánchez y Rengifo Rojas, quienes en diferentes periodos dirigieron la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo de Ucayali. Asimismo, Trujillano Alcalá, residente del proyecto, fue quien habría solicitado formalmente la compra de estos bienes a través de informes emitidos en septiembre de 2015.
Los imputados
Navas Sánchez, en su rol de coordinadora del Proyecto y anterior Directora Regional de Comercio Exterior y Turismo de Ucayali, fue imputada por el presunto delito de malversación de fondos. Según la acusación, Navas Sánchez habría permitido la desviación de los fondos para la compra de bienes que no estaban autorizados en el convenio. Ocupó este cargo desde el 02 de septiembre de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2015, periodo en el que ocurrieron las irregularidades.
Rengifo Rojas, sucesora de Navas Sánchez como Directora Regional de Comercio Exterior y Turismo, también fue imputada por autorizar la adquisición de los bienes mencionados. Rengifo Rojas ocupó el cargo desde el 03 de agosto de 2015 hasta el 05 de julio de 2016, durante el cual firmó la aprobación de las compras sin respetar los términos del convenio.
Trujillano Alcalá, residente del proyecto, fue quien directamente solicitó la compra del bus turístico, la camioneta y las motocicletas a través de informes dirigidos a la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo. Trujillano está acusado de malversación de fondos.