Próximo marzo se realizará audiencia de control de acusación a exalcalde y exfuncionarios de Padre Abad

El Juzgado de Investigación Preparatoria de Aguaytía, programó para marzo de 2025 la audiencia de control de acusación del exalcalde de la Municipalidad Provincial de Padre Abad, Daniel Osiel Zegarra Macuyama y de sus exfuncionarios Mitchael Marino Gavilán Saavedra y Ángel Apagüeño Sánchez, a quienes se les imputa los delitos de colusión agravada y peculado, respectivamente. El caso que también involucra a la actual consejera regional Lucerito Ondina Dávila Alvarado, expone presuntos actos de corrupción relacionados con la adjudicación irregular de contratos y el uso indebido de recursos municipales.

En 2021. El Ministerio Público presentó una acusación formal por la presunta colusión en la compra de un motor hidráulico valorado en S/ 29,900 destinados a Huipoca, adquisición que habría sido direccionada para favorecer a la entonces proveedora del municipio, Dávila Alvarado. Para ello se presume la participación del entonces subgerente de Logística, Apagüeño Sánchez, y el entonces gerente de Administración y Finanzas, Gavilán Saavedra.

Las comunicaciones extraídas del celular de Zegarra revelan intercambios con un contacto que tenía registrado como “Lucerito”, en los que ella solicitaría favores para acelerar los pagos pendientes.

Antes de ello, el subgerente, Apagüeño Sánchez, recopiló tres proformas de proveedores el 25 de febrero de 2021, todas presentadas el mismo día y con registros consecutivos. Las proformas incluyen a Representaciones Generales Dávila (S/ 29,900), LYG EIRL (S/ 32,150), y Servicios J&E de Luis Bardales García (S/ 30,500). Sin embargo, el Ministerio Público constató que estas empresas no contaban con el giro comercial adecuado para vender bombas hidráulicas, lo que sugiere que el estudio de mercado fue manipulado.

Entre las irregularidades se menciona que la empresa Representaciones Generales Dávila no tenía especialización en la venta de equipos hidráulicos, sino que compraba estos productos de otros proveedores para revenderlos a la municipalidad, generando un presunto sobrecosto innecesario. Asimismo, Servicios J&E de Luis Bardales García y LYG EIRL tampoco tenían la capacidad técnica para estos contratos, según la investigación.

El perjuicio económico generado por estos actos ilícitos en investigación asciende a S/. 29,900 solo por la compra del motor hidráulico, sin contar otros contratos asignados, presuntamente, de manera irregular a Dávila Alvarado como materiales de limpieza por S/ 2,825, libros de actas por S/ 5,634, y kits de limpieza por S/ 5,254.

Entre las pruebas presentadas por el Ministerio Público se encuentran los cuadros comparativos de precios y proformas que evidenciarían cómo las contrataciones fueron direccionadas a favor de Dávila Alvarado, a pesar de que su empresa no contaba con el giro comercial necesario para proveer los bienes y servicios contratados. Estas pruebas también incluyen facturas, órdenes de compra, y certificaciones presupuestales emitidas sin seguir los procedimientos adecuados, como la falta de invitaciones formales para cotizar a otros proveedores. Además, presentó evidencia de que las empresas que participaron en las licitaciones no cumplían con los requisitos técnicos necesarios. Por ejemplo, se demostró que las empresas que presentaron proformas no tenían experiencia en los rubros correspondientes. También se incluyen informes de auditoría que revelan inconsistencias en los gastos municipales, y registros bancarios que muestran transferencias de dinero sospechosas hacia cuentas asociadas a los imputados.

En una audiencia de control de acusación, el juez revisa y evalúa la acusación formal presentada por el Ministerio Público contra los imputados. Durante esta fase, se verifica que la acusación cumpla con los requisitos legales y procesales, se examinan las pruebas y se determina si existen los suficientes elementos para llevar el caso a juicio. Las partes involucradas (fiscal, defensa y agraviado) pueden plantear observaciones a la acusación, presentar pruebas adicionales, y solicitar sobreseimiento si consideran que no hay mérito para continuar el proceso.

El objetivo principal de esta audiencia es garantizar el debido proceso y que las acusaciones se sustenten en una base sólida de pruebas. Se debate sobre la pertinencia de los cargos y se decide si se procede con el juicio oral o si se dicta algún sobreseimiento o medida alternativa.