Prisión para ciudadana por agresión a vecina tras incumplir servicio comunitario

El Juzgado de Paz Letrado Penal de Callería, a cargo del juez Dr. Freddy Elmer Aricoche Muñoz, ordenó la prisión efectiva por 37 días para la ciudadana de iniciales S. M. L. F., quien fue condenada previamente por haber agredido e insultado a su vecina A. A. V. E. La decisión se produjo durante una audiencia de revocatoria de pena, motivada por el incumplimiento reiterado de las jornadas laborales impuestas en la sentencia original.

S. M. L. F. fue condenada el 25 de mayo de 2022 por haber agredido físicamente a A. A. V. E. La condena incluyó dos faltas: maltrato y lesiones dolosas. Por estos delitos, el juzgado en mención le impuso la obligación de cumplir 50 jornadas de servicio comunitario por maltrato y 40 jornadas adicionales por lesiones dolosas, además de una reparación civil de 250 soles en favor de la víctima.

A pesar de ser notificada formalmente de la sentencia, S. M. L. F. no cumplió con las jornadas de servicio comunitario estipuladas. A finales de 2022, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó al tribunal que la sentenciada había mostrado resistencia, al no presentarse para cumplir con el servicio comunitario. En consecuencia, el juez emitió múltiples resoluciones requiriendo su cumplimiento bajo apercibimiento de convertir la pena en privativa de libertad.

El 30 de abril de 2024, tras varios intentos de reprogramación, la sentenciada inició las jornadas de servicio en la Institución Educativa Inicial 386 Manon Quane. Sin embargo, solo asistió tres de los seis días programados, lo que provocó nuevas advertencias del juzgado.

En audiencia, el juez Aricoche Muñoz tomó en cuenta varios factores antes de emitir su fallo. Consideró los informes presentados por la Oficina de Medio Libre del INPE y la directora de la Institución Educativa Inicial 386, quienes confirmaron que la sentenciada había dejado de asistir injustificadamente a las jornadas de servicio comunitario.

El 1 de marzo de 2021, según la denuncia presentada por la víctima y su esposo, ella se acercó a las oficinas de serenazgo de la Municipalidad de Coronel Portillo para solicitar un informe de ocurrencia sobre un incidente anterior. Mientras esperaba en su domicilio, observó la intervención del serenazgo en un bar cercano, propiedad de la sentenciada. La víctima comenzó a grabar la intervención desde su vereda, lo que enfureció a los miembros de la familia de S. M. L. F., lo que llevó a la agresión de la denunciante de forma física y verbal.