Camal municipal: En septiembre se desarrolla juicio oral contra congresista y exalcalde

El Juzgado Penal Unipersonal Aduanero, Tributario, de Mercado y Ambiental viene desarrollando el juicio oral contra Héctor Valer Pinto, congresista de la República, y, Antonio Marino Panduro, exalcalde de Coronel Portillo, por el delito de contaminación ambiental referente al camal municipal. La jueza Dra. Nilda Lastra Claudio programó la próxima audiencia para martes 3 de septiembre de este año en el que deben participar los imputados de forma obligatoria.

Esta audiencia de inicio de juicio estaba inicialmente pactada para el 31 de mayo de 2023, sin embargo, el parlamentario solicitó la reprogramación de la misma, argumentando que sus responsabilidades congresales, particularmente su rol como presidente de la Comisión Investigadora de las Empresas Chinas que contrataron con diversas entidades públicas, coincidían con la fecha asignada.

Dada la sobrecarga de audiencias en el despacho judicial, y en consideración a los argumentos presentados, la jueza decidió reprogramar el juicio por única vez. También dispuso que los acusados se presenten obligatoriamente bajo apercibimiento de ser declarados reos ausentes y/o contumaces en caso de inasistencia, lo que podría traer consigo órdenes de captura para asegurar sus presencias.

En enero de 2014, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) notificó al entonces alcalde de Coronel Portillo, Segundo Pérez Collazos sobre un procedimiento administrativo sancionador tras una inspección ocular que evidenció que las aguas residuales del camal, producto del faenamiento de ganado vacuno y porcino, estaban siendo vertidas sin tratamiento previo a una quebrada que desemboca en la laguna Cashibococha. Esta situación fue el inicio de un conflicto ambiental que, a pesar de la sanción de cuatro Unidades Impositivas Tributarias (UIT) impuesta a la Municipalidad de Coronel Portillo, no fue resuelto.

En 2015, Antonio Marino Panduro asumió el cargo de alcalde y continuó operando el camal sin solucionar las fallas en el sistema de tratamiento de aguas residuales. Para agravar la situación, en 2017, la administración del camal fue transferida al Consorcio Industrial de Carnes de Ucayali (COINCAR), dirigido por Héctor Valer Pinto, mediante un contrato de prestación de servicios de faenamiento. Bajo la gestión de COINCAR, los vertimientos ilegales continuaron, lo que provocó que la Asociación de Vendedores Mayoristas y Minoristas de Carnes Rojas de Ucayali (AVEMMICRU) presentara una denuncia ante la fiscalía especializada.

El 25 de abril de 2017, una constatación fiscal, realizada conjuntamente con la Autoridad Nacional del Agua, la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental de Ucayali, y la Policía Nacional del Perú, confirmó el colapso del sistema de tratamiento de aguas residuales del camal. El agua contaminada, cargada de heces y otros restos orgánicos, era vertida sin tratamiento a la quebrada. En septiembre de 2017, otra inspección reveló que las condiciones no habían mejorado.

Al respecto, el Ministerio Público presentó una acusación formal contra Marino Panduro y Valer Pinto. El argumento principal se basó en que los imputados, en su calidad de autoridades y gestores del camal, permitieron que la actividad de vertimientos ilegales de residuos continuara, a pesar de las advertencias y sanciones impuestas por las entidades regulatorias.