Ordenan internamiento preventivo de adolescente que habría acuchillado a menor

La jueza Dra. Delina Salazar Rojas, del Segundo Juzgado de Familia dictó el internamiento preventivo por cuatro meses contra el adolescente de iniciales S. F. M. (14), acusado de haber infligido lesiones graves a otro menor, de iniciales M. J. V. Á. (12). La fiscalía sostuvo que el incidente se trata de una infracción grave a la ley penal, derivada de un conflicto juvenil que escaló peligrosamente.

La noche del 8 de agosto de 2024, el agraviado se encontraba en las inmediaciones de la institución educativa El Comercio, sentado junto a una amiga. Mientras esperaban a la madre de la menor, un motocarro llegó al lugar, del cual descendieron, según la tesis fiscal, tres adolescentes, incluyendo al presunto adolescente infractor y a A. G. P. y P. A. G. Y. De acuerdo con el testimonio de la víctima, los otros adolescentes los rodearon y comenzaron a insultarlo.

Según la fiscalía los agresores intentaron arrebatarle la mochila al denunciante, lo que derivó en un forcejeo. En medio del caos, S. F. M., identificado por la víctima como uno de los principales agresores, presuntamente lo atacó con un arma blanca, causándole una profunda herida en el codo y otra en la espalda. El menor, en estado de pánico y con dificultad para respirar, logró escapar del lugar corriendo hacia una tienda cercana, donde fue auxiliado por amigos que pasaban en ese momento. Estos improvisaron primeros auxilios al cubrir sus heridas con una prenda de ropa antes de trasladarlo al Hospital Regional de Pucallpa.

El diagnóstico emitido por el hospital arrojó: lesiones traumáticas por presión y fricción con arma blanca, que requirieron ocho días de atención facultativa y 35 días de incapacidad médico legal.

Entre las pruebas presentadas por la fiscalía se encuentra el Acta de Recepción de Denuncia Verbal N° 1273-2024, la declaración de la madre del menor agraviado, los informes médicos, y el Acta de Intervención Policial, que detalla la captura de los adolescentes involucrados, quienes fueron identificados por la propia víctima y testigos. Además, se presentó el Acta de Visualización y Transcripción de Imágenes de Video, que muestra el momento en que los agresores rodean a la víctima y el forcejeo que se produce antes de que el menor sea herido.

Durante la intervención policial, se recuperó la mochila del agraviado, que fue entregada por uno de los agresores, de iniciales P. A. G. Y., quien admitió haber recogido la mochila del suelo después de que esta cayera durante el incidente.

La decisión de la jueza se basó en la gravedad de las lesiones infligidas, corroborada por el certificado médico legal, que especificaba los cortes profundos en el brazo y la espalda del menor. Además, consideró la declaración del propio agraviado, también concluyó que existía un riesgo considerable de que el presunto infractor pudiera eludir la justicia o incluso interferir con la investigación, intimidando a la víctima o a los testigos. Se consideró que el adolescente carecía de un soporte familiar adecuado, lo que aumentaba las posibilidades de que no se presentara a las audiencias o se involucrara nuevamente en conductas delictivas.