Ordenan internamiento en el penal de sentenciado que no pagó reparación civil

José Walter Olano Vargas, sentenciado por homicidio culposo y lesiones culposas graves tras un trágico accidente ocurrido en 2016, deberá cumplir una pena efectiva de dos años, seis meses y veintisiete días, luego de que el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Coronel Portillo revocara la suspensión de su condena y ordenara su ubicación y captura. La decisión se tomó luego de que Olano Vargas incumpliera con las condiciones impuestas en su sentencia, incluyendo el pago de una reparación civil a las víctimas.

El 10 de octubre de 2016, Olano Vargas, conductor de un carro utilizado como colectivo, protagonizó un incidente que resultó en la muerte de Berita Puga Pilco y graves lesiones a Verónica Ushiñahua Rojas y al menor Jhords Alexander Chávez Puga.

Aquel día, Olano Vargas se encontraba conduciendo su vehículo desde el centro de la ciudad hacia Yarinacocha. Decidió detenerse en un grifo, al retirarse rumbo a la avenida Centenario, una explosión sacudió el interior del vehículo. La explosión, provocada por una fuga en el sistema de GLP del automóvil, causó severas quemaduras a todos los ocupantes: Ushiñahua Rojas, Puga Pilco, el menor Chávez Puga, y el propio Olano Vargas.

Tras la explosión, todos los heridos fueron trasladados de urgencia al Hospital Regional de Pucallpa. Lamentablemente, Puga Pilco falleció el 16 de octubre de 2016 debido a la gravedad de sus heridas, mientras que, Ushiñahua Rojas (que quedó parapléjica) y el menor quedaron con lesiones graves, requiriendo largos periodos de atención médica y recuperación.

La investigación reveló que el vehículo presentaba defectos en la instalación del sistema de GLP, incluyendo una cañería de cobre rajada y reparada de manera inapropiada con materiales no idóneos, lo que contribuyó al accidente.

Durante el proceso, Olano Vargas fue condenado por homicidio culposo y lesiones culposas graves. La sentencia impuso una pena de dos años, seis meses y veinticuatro días de prisión suspendida, con la condición de que el sentenciado cumpliera con varias reglas de conducta, entre ellas, la obligación de reparar el daño causado mediante el pago de S/ 20,000 como reparación civil a las víctimas.

Sin embargo, a pesar de las reiteradas advertencias y requerimientos judiciales, Olano Vargas no cumplió con el pago de la reparación civil ni con las demás condiciones impuestas por la sentencia. Esta falta de cumplimiento llevó a la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Yarinacocha, a solicitar la revocatoria de la suspensión de la pena, argumentando que el sentenciado estaba demostrando una conducta renuente al mandato judicial, “burlándose de la administración de justicia y, sobre todo, de las víctimas del caso”.