Alcalde y exgerente de Neshuya enfrentan orden de detención preliminar por 10 días por presunta organización criminal

El Juzgado de Investigación Preparatoria de Padre Abad a cargo del juez Dr. Rony Torres Gómez realizó la audiencia de control de identidad del alcalde distrital de Neshuya, Jhon Márquez Torres, que viene siendo investigado por el delito de colusión agravada y peculado. Sobre el alcalde pesa una orden de detención preliminar por 10 días emitido por el juzgado mencionado. Según la fiscalía, el burgomaestre estaría liderando una presunta organización criminal denominada "Los Otorongos de Neshuya".

Junto a Márquez Torres, otros altos funcionarios municipales fueron señalados como parte de la organización criminal que, de acuerdo la tesis fiscal, se dedicarían a la manipulación de contrataciones públicas y cobro de comisiones ilegales a proveedores. Uno de ellos sería el exgerente municipal Vijai Yen Chagua Julca, que pasó por su audiencia de control de identidad el último viernes.

El argumento del Ministerio Público producto de las investigaciones realizada arrojaron que el alcalde habría exigido un "diezmo" del 10% sobre el valor de los contratos adjudicados a empresas como Inversiones Corporativas Neptunia SAC, dirigida por Víctor Raúl Vergara Flores. Este dinero, según las declaraciones de testigos protegidos, habría sido depositado en cuentas personales de Márquez Torres y otros funcionarios de confianza.

Entre los hechos más graves que se imputan al alcalde está la implementación de su despacho con bienes sobrevalorados, adquiridos sin los debidos procesos de contratación. Se menciona, por ejemplo, la compra de un televisor de 65 pulgadas, una laptop, aire acondicionado y otros equipos, cuyo valor ascendió a S/ 8,476, financiados mediante presuntos sobornos por parte de proveedores beneficiados con contratos municipales.

Asimismo, las investigaciones indican que Márquez Torres habría utilizado recursos públicos para el alquiler de una camioneta 4x4 de propiedad de Geyser Villalobos Lizana, quien también está implicado en el caso. El vehículo, según se alega, fue utilizado para actividades personales del alcalde, mientras que su chofer, Ener Villalobos Lizana, también recibía un sueldo por parte de la municipalidad.

La investigación liderada por el Ministerio Público señala a Chagua Julca, procesado por colusión agravada, organización criminal, y falsificación de documentos y simulación de procedimientos administrativos, como un colaborador cercano del alcalde Márquez Torres. Según los informes fiscales, el imputado quien ocupó el cargo de gerente municipal hasta marzo de 2023, habría ejecutado acciones dirigidas a favorecer a ciertos proveedores, quienes a cambio habrían entregado comisiones ilegales a los altos funcionarios municipales.

Además, habría participado en el ocultamiento de bienes adquiridos de manera irregular para la implementación del despacho de la alcaldía. Se presume que, bajo las órdenes del alcalde, Chagua Julca facilitó la adquisición de bienes y servicios sobrevalorados, desviando fondos públicos para beneficio personal. Fiscalía también alega que el exfuncionario habría participado en la creación de documentación falsa y en la simulación de procedimientos administrativos para dar apariencia de legalidad a las adjudicaciones. Esto incluía la fabricación de presupuestos inflados y la falsificación de firmas y sellos en documentos oficiales para justificar los pagos y adquisiciones.

Las declaraciones de testigos protegidos afirmaron que Chagua Julca mantuvo contactos directos con otros funcionarios involucrados, con el objetivo de alinear sus versiones y así entorpecer la investigación.

En paralelo a la detención de los investigados, el Poder Judicial ordenó el allanamiento de diversos inmuebles, incluyendo la sede de la Municipalidad de Neshuya, en busca de documentación y otros elementos probatorios que sustenten las acusaciones de corrupción. Durante las intervenciones, se incautaron equipos electrónicos, documentos financieros, y otros bienes que podrían ser clave para desentrañar la presunta red de corrupción.

Los allanamientos fueron justificados por la urgencia de evitar la desaparición o alteración de pruebas que podrían comprometer aún más a los implicados. Según la resolución judicial, la supuesta organización criminal seguía operando con miras a continuar sus actividades ilícitas hasta el próximo periodo edil 2026-2029.

Cabe señalar que, la detención preliminar en Perú, regulada por el Código Procesal Penal y la Constitución, es una medida cautelar que permite la privación temporal de libertad de una persona cuando existen indicios suficientes de su participación en un delito grave y hay peligro de fuga u obstaculización de la investigación. Esta medida, que debe ser autorizada por un juez a solicitud del fiscal, tiene una duración máxima de 48 horas, ampliable en casos excepcionales como terrorismo o narcotráfico, hasta por 10 días. Durante la detención, la persona tiene derechos fundamentales como ser informada de los motivos de su detención y tener acceso a un abogado.